Grupo Broda, Cartellone, Expreso Luján y otras siete empresas son blanco de una investigación penal por presuntamente haber falsificado documentos para poder acceder a los beneficios de “Enlazados”, programa laboral con el que el Gobierno paga una parte del salario de los nuevos empleados. Todo esto mientras avanza otra causa judicial contra la empleada que echaron a fines de abril por desviar, junto con 31 cómplices ajenos al Gobierno, unos $26 millones.
Según pudo saber el Post, hay 10 expedientes -uno por cada empresa sospechada- en la Fiscalía de Delitos No Especializados, que se iniciaron a partir de una denuncia del Gobierno a comienzos de abril que, curiosamente, prefirieron no dar a conocer. Desde el Ministerio de Producción entregaron a la Fiscalía un listado de empresas y documentos que serían apócrifos, y a partir de allí comenzó una investigación que encabezó el fiscal Sebastián Capizzi, que incluyó pedidos de información a ATM.
Justamente, desde la Administración Tributaria Mendoza surgió la primera luz de alerta que llegó a este diario: a mediados de abril -antes de que estallara el escándalo por la empleada que robó $26 millones- ingresaron a ATM tres oficios firmados por una funcionaria de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados preguntando si Broda, Cartellone y Expreso Luján tenían “deuda de impuesto automotor, impuesto inmobiliario, Ingresos Brutos, Sellos o impuestos varios” sobre periodos puntuales del año 2023. El pedido de información por parte de los investigadores tenía un fundamento: las tres compañías habían adulterado constancias de cumplimiento fiscal, una especie de “libre de deuda” que entrega ATM y que deben presentar todos los meses en el Ministerio de Producción para mantener los beneficios del programa Enlazados.
Fuentes judiciales consultadas por el Post ratificaron el envío de oficios a ATM por estas tres compañías, confirmaron que efectivamente las constancias de cumplimiento fiscal eran falsas, e indicaron que había más empresas del programa Enlazados que son investigadas penalmente: Rabadán S.A., Oeste Cableados S.A., Almirante Chesco SAS, MICA S.A. y algunas personas físicas, todas por el mismo delito: “uso de documento o certificado falso”.
Si bien estas últimas empresas no son del calibre de las primeras, al indagar en cada una de ellas surge al menos un dato curioso: fue el mismo gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, el que en 2018 sancionó a Rabadán S.A. luego de que la propia firma admitiera que en una licitación del servicio de limpieza del Hospital Notti presentó un balance trucho o “con datos inexactos”. A raíz de esto, la suspendieron por tres años del Registro Único de Proveedores. Posteriormente terminaría dentro del programa “Enlazados”: aquel Estado que detectó una maniobra fraudulenta le terminó pagando salarios a parte del personal.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, algunas compañías investigadas terminaron admitiendo que las constancias de cumplimiento fiscal presentadas eran, efectivamente, apócrifas. Uno de los empresarios que fue citado a declarar y que confirmó esto fue Santiago Barbera, CEO del Grupo Broda, una empresa multirubro que en breve controlará el diario Los Andes. Lo mismo contaron desde Cartellone Oil & Gas y Expreso Luján: dijeron que alguien de la empresa había “intervenido” documentos antiguos para presentarlos al programa Enlazados y así mantener los beneficios (básicamente, que el Estado pague un salario mínimo vital y móvil a los empleados que vayan sumando, durante cuatro meses).
Fuente: El Post
