La Cámara Alta provincial ratificará hoy el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y Mendoza se sumará a la estrategia nacional que pretende la reactivación de proyectos con la llegada de sumas mayores a los U$S 200 millones. Ambientalistas se manifestarán en la Legislatura.
El proyecto de ratificación a los artículos de la ley Bases votada en el Congreso, ya obtuvo la semana pasada despacho favorable; y hoy se aprobará en el recinto de la Cámara Alta.
Mientras tanto, habrá voces en contra, sobre quienes incluso sostienen que el RIGI atentará contra las pequeñas y medianas empresas de Mendoza.
Asimismo, se esperan también un reclamo de ambientalistas, quienes aseguran que la aprobación del RIGI en Mendoza será la “puerta de ingreso” de las grandes empresas mineras, particularmente las metalíferas; y también sostienen que “está en juego la ley 7722″.
Despacho favorable
La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado de Mendoza otorgó despacho favorable al proyecto del Poder Ejecutivo que establece la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI); y quedó todo listo para su aprobación final el próximo martes.
La titular de la comisión, Ángela Floridia, sostuvo que este proyecto busca “garantizar estabilidad, seguridad pública y protección de derechos en materia tributaria para aquellos que decidan invertir en sectores específicos como infraestructura industrial, infraestructura minera, tecnologías y energías”.
En tanto que la senadora Natacha Eisenchlas aclaró que el proyecto “no implicará nuevos impuestos ni incrementos en las tasas actuales”. Señaló que la medida busca asegurar la estabilidad fiscal para los inversores, manteniendo una relación directa con el costo del servicio.
Desde La Unión Mendocina, el senador Valentín Gonzalez destacó la importancia de contar con herramientas “que ofrezcan beneficios a largo plazo, como incentivos de hasta 30 años, para fomentar el desarrollo y la atracción de inversiones”.
Aparece de nuevo la 7722
Por otro lado, habrá voces en contra. Una de ellas será la del senador peronista, Gerardo Vaquer, quien sostuvo que el RIGI “es una grave amenaza para los derechos y recursos de los mendocinos”.
Para el legislador, el RIGI “pone en riesgo nuestra soberanía sobre los recursos naturales y las leyes que hemos construido para protegerlos” y que este régimen ”podría invalidar normativas locales como la Ley 7722, que resguarda el agua y nuestro futuro”.
“El RIGI abriría la puerta a proyectos que, bajo el amparo del ‘interés nacional’ podrían devastar el medio ambiente y comprometer la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones”, marcó.
OBJETIVOS DEL RIGI
Según sostiene el Gobierno, el RIGI está diseñado para “fomentar el desarrollo en sectores estratégicos como la forestoindustria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y el gas”.
Estos sectores “enfrentan desafíos particulares que dificultan la realización de grandes inversiones”, como la necesidad de capital intensivo y los largos periodos de recuperación de costos.
Además, señalaron que sin un marco de incentivos adecuado que brinde certidumbre y competitividad, estas inversiones “serían inviables”, según se detalla en la fundamentación del proyecto.
El régimen no solo busca atraer inversiones de largo plazo, sino también adelantar las condiciones macroeconómicas necesarias para estas inversiones.
Se garantizará a los inversores, que se comprometan a realizar grandes inversiones “dentro de un plazo determinado, la certeza, previsibilidad, estabilidad, seguridad jurídica y protección de los derechos adquiridos en materia tributaria, aduanera y de normas cambiarias, necesarias para la viabilidad de dichas inversiones”.
Floridia explicó que la ley contempla un capítulo específico sobre el impacto de los impuestos locales. El Capítulo XI de la Ley 27.742 se relaciona directamente con las jurisdicciones locales y establece que, además de la adhesión, las provincias y municipios “no podrán imponer nuevos gravámenes a los beneficiarios del régimen, salvo las tasas retributivas por los servicios efectivamente prestados”.
El artículo 224 de la Ley Nacional invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI bajo sus términos y condiciones. Quienes se adhieran “no podrán crear nuevos gravámenes locales para los beneficiarios del régimen”. Se considera nuevo gravamen cualquier hecho imponible nuevo respecto de los existentes al 31 de diciembre de 2023 o cualquier modificación que implique una mayor carga fiscal.
Además, el artículo 225 estipula que las tasas retributivas por servicios prestados no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado. Una tasa excede dicho costo si se determina en función de ventas, ingresos brutos, ganancias u otros parámetros análogos.
La adhesión de Mendoza al RIGI representa, según el oficialismo, “un paso crucial para atraer capital y desarrollar sectores estratégicos en la provincia”; y agregaron que “con un marco legal que promueve la certidumbre y competitividad, se espera que las grandes inversiones florezcan, impulsando el desarrollo económico y la creación de empleo en la región”.
Este régimen también “busca fomentar el desarrollo coordinado entre el Estado Nacional, las provincias y las autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, además de estimular las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión”.
La implementación del RIGI en Mendoza es, para el Gobierno, una señal “positiva para los inversores y un indicador de que la provincia está abierta a recibir grandes proyectos que puedan transformar su economía y generar beneficios a largo plazo”.
