La pelea por la Ley de Etiquetado Frontal volvió a encender tensiones políticas en el Congreso y dejó una escena poco habitual: dirigentes del kirchnerismo y del radicalismo alineados contra el Gobierno nacional.
La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y el diputado Julio Cobos salieron a defender la continuidad de la norma que obliga a incluir octógonos negros en productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías. Ambos cuestionaron el avance del oficialismo sobre la ley y acusaron a sectores empresarios de presionar para flexibilizar los controles.
Desde el entorno de Fernández Sagasti señalaron que la medida permitió que millones de consumidores accedan a información más clara sobre los alimentos que compran y consideraron que eliminarla sería “un retroceso en materia de salud pública”. La legisladora también apuntó contra lo que definió como “presiones de la industria alimenticia” sobre el Gobierno nacional.
Cobos, uno de los impulsores originales del proyecto, coincidió en que todavía no existe evidencia suficiente para desarmar el sistema de etiquetado y sostuvo que la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto económico sobre las empresas. Según remarcó, la prioridad debe ser la prevención de enfermedades vinculadas a la mala alimentación.
El debate se reactivó luego de que sectores cercanos al Gobierno de Javier Milei impulsaran modificaciones a la normativa vigente, argumentando que genera costos adicionales para la industria y dificultades comerciales dentro del Mercosur. Desde Casa Rosada también sostienen que el sistema actual podría reemplazarse por modelos “menos restrictivos”.
Sin embargo, la ofensiva oficial encontró resistencia incluso en espacios políticos históricamente enfrentados. La coincidencia entre Sagasti y Cobos volvió a mostrar que el etiquetado frontal sigue siendo uno de los pocos temas capaces de romper la grieta tradicional y reunir apoyos transversales dentro del Congreso.
Mientras tanto, cámaras empresarias y organizaciones vinculadas a la salud pública continúan presionando en sentidos opuestos, en una discusión que promete volver a ocupar el centro de la agenda legislativa en las próximas semanas.
