Tras el portazo del gremio conducido por Ricardo Babillón, el Ejecutivo provincial acumula cuatro rechazos de peso y se dilata la paritaria del segundo semestre.
El frente gremial en Mendoza se endurece y le genera un nuevo dolor de cabeza financiero a la Casa de Gobierno en este invierno de 2026. Al complejo escenario paritario se sumó ahora el sindicato de Empleados Judiciales, cuyas bases votaron unánimemente en contra de la propuesta salarial que el Poder Ejecutivo llevó a la mesa de negociaciones. Con esta resolución, la organización conducida por Ricardo Babillón profundizó el aislamiento del oficialismo, acoplándose formalmente al bloque de rechazo que ya venían liderando el SUTE, ATE y Ampros.
La estrategia oficial para contener el gasto público volvió a fracasar en la Subsecretaría de Trabajo debido a la rigidez de los porcentajes ofrecidos. La directora provincial de Recursos Humanos, Mariana Lima, fue la encargada de defender una estructura de aumentos idéntica a la de los demás sectores, consistente en un 5% para agosto y un 3% para noviembre de 2026, una propuesta salarial que los representantes tribunalicios tildaron de “falta de seriedad”. Ante la firme negativa obrera y con el fin de evitar un quiebre definitivo, las autoridades provinciales debieron conceder un cuarto intermedio hasta el miércoles 24 de junio.
Para fundamentar la decisión de bajarse de la mesa y exigir una propuesta salarial superadora, el gremio judicial expuso un crítico diagnóstico sobre la realidad socioeconómica de sus representados. Los paritarios basaron su contraofensiva en los siguientes puntos clave:
- Licuación de haberes: un desfasaje real del 25% entre la inflación acumulada y los sueldos desde la firma del último acuerdo.
- Previsiones de conflicto: una proyección inflacionaria para el segundo semestre que tornaría insignificante el 8% escalonado.
- Deuda de la pandemia: el persistente reclamo por los aumentos salariales adeudados y nunca liquidados durante el año 2020.
- Falta de equidad institucional: el malestar generado por el incremento del 40% que el gobernador se auto-otorgó en julio de 2025.
- Insuficiencia del porcentaje: la consideración general de que los números presentados no cubren las necesidades básicas del sector.
El malestar en los pasillos de los tribunales va más allá del contexto inflacionario actual y reflota viejas internas políticas de la provincia. El propio secretario general, Ricardo Babillón, dialogó con la prensa y sentenció que el Poder Ejecutivo carece de autoridad moral para exigir austeridad con una propuesta salarial tan baja cuando los funcionarios políticos se actualizaron sus dietas con llamativa velocidad el año pasado. El dirigente insistió en que cualquier esquema de actualización debe contemplar primero el bache histórico del 2020 para ser considerado serio.
Con este nuevo revés, el Gobierno mendocino ingresa a la segunda mitad del año con sus principales servicios públicos bajo un clima de alta tensión y sin acuerdos consolidados. El rechazo de los judiciales debilita aún más la posición oficial frente a una administración pública unificada en el descontento, donde los docentes del SUTE, los administrativos de ATE y los médicos de Ampros ya habían sepultado la misma propuesta salarial días atrás, anticipando semanas de intensas protestas y negociaciones complejas en toda la provincia.
