El gremio mayoritario de la administración central aceptó una oferta del Ejecutivo provincial que desactiva el conflicto en áreas críticas, aunque el descontento de las bases devela el desgaste de la capacidad de compra frente a la inflación en Cuyo.
El Cuerpo Paritario del Gobierno provincial selló este jueves en la capital mendocina, tras intensas deliberaciones que modificaron el esquema original de aumentos, un entendimiento salarial con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que redefine el escenario de la administración pública.
La firma de las actas de aceptación para los regímenes 15 de Sanidad, 5 de la Administración Central y los Licenciados en Enfermería cierra la etapa más compleja de la discusión del segundo semestre de 2026. Bajo esta premisa, el Ejecutivo logra garantizar la normalidad operativa en los efectores sanitarios y en las oficinas ministeriales en un momento de alta sensibilidad social. El oficialismo busca capitalizar el impacto de estas paritarias, presentándolo como una validación de su pauta de austeridad fiscal en un contexto donde el poder adquisitivo estatal sigue bajo fuerte presión.
En este sentido, la propuesta aprobada contempla una suba salarial del 7% para agosto y del 4% para noviembre, con incrementos no acumulativos calculados sobre la base del pasado mes de junio. A pesar de las resistencias iniciales que manifestaron las bases del sindicato conducido por Roberto Macho, la firmeza de las variables presupuestarias fijadas por la cartera de Hacienda se mantuvo sin concesiones significativas hacia los reclamos de recomposición de fondo.
El resultado de los plenarios de delegados terminó por inclinar la balanza hacia la aceptación obligada por el desgaste de las medidas de fuerza. La arquitectura financiera detrás del convenio demuestra que el modelo de administración local se mueve bajo el estricto criterio de priorizar las metas fiscales sobre la demanda gremial, forzando a que las paritarias se subordinen a la evolución de la recaudación tributaria propia.
El impacto de esta firma trasciende las fronteras del sector salud y se inscribe en una estrategia de contención sindical más amplia que ya abarca a seis sectores de la función pública provincial. De manera análoga a lo ocurrido previamente con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), los viales de SITRAVI y el gremio de los Funcionarios Judiciales, el gobierno logra encauzar una tregua temporal en el tramo central del año.
Mendoza utiliza este ordenamiento interior para consolidar su perfil diferenciado y revalidar sus credenciales de eficiencia ante las autoridades de la Casa Rosada. En última instancia, la ratificación de estas paritarias despeja un frente de tormenta urgente y le otorga al oficialismo el oxígeno necesario para concentrar su agenda en las reformas legislativas de fondo.
