La firma del Decreto 628/2026 oficializó el nombramiento de Fernando Alcaraz al frente de la Fiscalía General de Mendoza. Con el aval del Senado, la Casa Rosada completa un casillero estratégico en la investigación de delitos complejos en la región.
Un decreto formalizó este miércoles en la ciudad de Mendoza la designación que completa la estructura judicial federal en la región. A través de la norma 628/2026, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Juan Bautista Mahiques, la Casa Rosada dispuso que Fernando Alcaraz asuma al frente de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal. La medida pone fin a una vacante prolongada en una jurisdicción estratégica para el fuero penal.
Bajo esta premisa, el flamante fiscal de mayor rango en el estrado mendocino ocupará la posición tras haber obtenido el primer lugar en el orden de mérito del concurso público. Durante dicho proceso de selección, la nómina técnica evaluó sus antecedentes por encima de las postulaciones presentadas por Marina Daniela Basso y Federico Miguel Baquioni. La ratificación definitiva contó con el respaldo parlamentario exigido por la Constitución Nacional en el recinto de la Cámara Alta.
En este sentido, el nuevo fiscal general cuenta con un dilatado recorrido en el ámbito judicial de la región de Cuyo. Su trayectoria institucional registra una designación directa en 2015 al frente de la Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza, período en el cual también concursó y obtuvo el cargo ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de la provincia de San Juan. Posteriormente, desempeñó diversas funciones de responsabilidad en la órbita de la magistratura nacional.
Por consiguiente, el estrado que encabezará el funcionario judicial tendrá a su cargo la instrucción y persecución de delitos complejos. La Unidad Fiscal de Mendoza concentra las investigaciones vinculadas al crimen organizado, la trata de personas, el narcotráfico transfronterizo y las maniobras de lavado de activos. De esta forma, el fiscal actuante liderará las querellas del Estado en las audiencias orales y públicas.
No obstante, la culminación de este trámite administrativo otorga previsibilidad a los procesos en marcha dentro del fuero penal. La firma del acuerdo en el Senado de la Nación y la posterior publicación en el Boletín Oficial habilitan la toma de posesión formal del despacho. Con esta integración, la titularidad del fiscal queda ratificada constitucionalmente para el desarrollo de las funciones acusatorias en el tribunal.
