Con una ausencia acumulada de más de un año en la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Salud avanza en la sanción definitiva según lo estipula el Régimen Disciplinario.
El Ministerio de Salud y Desarrollo Social del Gobierno de Mendoza dio un paso decisivo para concretar el despido de la empleada Tania Patricia Ochoa, quien se desempeñaba en la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad. La medida administrativa responde a una inasistencia prolongada e injustificada que refleja, según la instrucción del expediente oficial, una falta total de compromiso con el vínculo laboral contraído con la administración pública.
Las irregularidades cometidas por la empleada estatal no son un hecho aislado, ya que la trabajadora arrastraba un sumario previo por faltas similares antes de abandonar definitivamente sus tareas. El informe elaborado por la Jefatura de División detalla un patrón recurrente de ausencias a lo largo de los primeros meses del período evaluado, lo que encendió las alarmas dentro del área operativa.
El dictamen elaborado por la instrucción sumariante precisa que el desempeño de la empleada decayó de manera crítica a comienzos de 2025, sumando ausencias reiteradas en diciembre, enero y febrero. La situación alcanzó un punto de no retorno en marzo de ese año, cuando la trabajadora se presentó a cumplir funciones únicamente durante dos jornadas laborables.
Ante la continuidad de las ausencias durante el mes de abril, por parte de la empleada estatal, las autoridades dispusieron la suspensión del pago de haberes a la sumariada. A pesar de la interrupción del cobro de su sueldo, los informes oficiales confirmaron que la agente no volvió a prestar servicios en la repartición, acumulando más de un año sin presentarse a trabajar.
Dado que la involucrada se encuentra en condición de domicilio ignorado, el Estado provincial ordenó la notificación legal a través del Boletín Oficial. Mediante esta publicación por edictos se le otorga un plazo de diez días hábiles para presentar sus descargos correspondientes antes de hacer efectiva la sanción definitiva de cesantía prevista en el Estatuto del Empleado Público.
