La madrugada del 26 de agosto de 2017, la vida de Alan Villouta, un joven de apenas 20 años, se apagó de manera trágica en el Acceso Sur de Mendoza. Alan salía de trabajar de una pizzería y cruzaba la calzada buscando una parada de colectivos. Quien venía al volante de la Porsche Cayenne que lo atropelló y terminó con su vida era el empresario Alejandro Verdenelli. Lejos de detenerse a auxiliar al joven, el conductor continuó su marcha, lo abandonó y se mantuvo prófugo durante casi 60 horas, impidiendo que se le realizaran a tiempo los análisis para determinar si conducía o no bajo los efectos del alcohol.
En abril de 2020, Verdenelli fue condenado a 3 años de prisión en suspenso. Pero en nuestra provincia, una condena de la justicia ordinaria muchas veces no es sinónimo de justicia efectiva. El caso de Alan desnudó ante los mendocinos la cara más perversa de la burocracia judicial: cómo una causa penal puede recorrer todas las instancias, lograr una sentencia condenatoria y terminar años después en la nada más absoluta. La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia se tomó 5 años y 10 meses para revisar un recurso de casación de la defensa. El rechazo del último recurso extraordinario federal se dictó apenas un día antes de que la causa prescribiera. Finalmente, debido a que la notificación personal al imputado se concretó el 17 de abril de 2026, el tribunal declaró la prescripción y el consecuente sobreseimiento definitivo del empresario.
Este desenlace inaceptable confirma lo que miles de mendocinos sienten a diario: que la demora judicial se ha transformado en una forma indirecta de impunidad. No podemos tolerar que existan dos velocidades en nuestra justicia, una implacable y rápida para el ciudadano común, y otra que duerme plácidamente en los cajones de los tribunales cuando los imputados son personas poderosas con recursos para dilatar los procesos. Ni una víctima ni su familia deberían descubrir, después de años de doloroso proceso, que mientras esperaban una respuesta del Estado, el reloj esperaba sin que ninguna institución tuviera la obligación concreta de encender una alarma.
Frente a esta dolorosa realidad, no podemos limitarnos a buscar culpables una vez que el daño ya está consumado; es nuestra obligación construir un sistema que advierta el peligro antes. Con esa convicción, desde nuestro bloque Fuerza Patria hemos presentado el proyecto de “Ley Alan Villouta”. No pretendemos modificar las leyes de fondo ni las reglas de prescripción del Código Penal de la Nación, ya que esa es una competencia federal. Lo que buscamos es algo mucho más elemental: impedir que la prescripción sea consecuencia de la desorganización, el letargo o la falta de seguimiento del propio Estado mendocino.
La propuesta legislativa introduce un régimen objetivo y riguroso que se asienta sobre principios sumamente sencillos: el expediente debe saber cuándo puede prescribir; el sistema informático debe emitir una advertencia automática; alguien debe estar obligado a actuar bajo apercibimiento de sanción disciplinaria; y debe quedar un registro público e inalterable de quién cumplió con su deber y quién no.
Para ello, diseñamos un esquema de alertas automáticas y prioridades de tramitación escalonada (faltando 12, 6, 3 meses y 30 días) que obligará a los fiscales a impulsar las causas en riesgo inminente. Además, establecemos una regla de máxima prioridad procesal: toda causa que cuente con una sentencia condenatoria no firme y que esté dentro de los últimos 12 meses de prescripción estimada adoptará inmediatamente un carácter de trámite urgente y preferente en cualquier instancia en que se encuentre.
Este proyecto lleva el nombre de Alan Villouta para que el calvario que debió atravesar su familia no se repita nunca más. Aprobar esta ley es un imperativo ético y un paso indispensable para que el paso del tiempo deje de ser el mejor aliado de los que atropellan, escapan y confían en que su poder económico dilatará las sentencias hasta asegurar su impunidad. La justicia mendocina no puede seguir llegando tarde.
