Por María Valeria Peralta Lic. en Minoridad y Familia, Matricula 225
Señor Presidente de la Nación
Javier Gerardo Milei
Le escribo como Licenciada en Minoridad y Familia, y particularmente interpelada por sus recientes declaraciones acerca de los “pañuelos verdes” y los niños que, según sus palabras, no nacieron y el problema que esto representaría para la tasa de reposición de la población argentina.
No voy a discutir aquí mis convicciones personales sobre el aborto. Quiero aceptar, por un momento, su propio razonamiento.
Usted sostiene que Argentina necesita niños.
Entonces hablemos de los niños.
De los que nacieron.
Porque ahí su discurso empieza a resultarme difícil de conciliar con sus políticas.
Si cada niño que no nace constituye para usted una pérdida de capital humano, un futuro trabajador que falta, un futuro aportante que no estará para sostener el sistema, deberíamos concluir que cada niño que sí nació constituye un capital humano que la Argentina debería cuidar extraordinariamente bien.
Sin embargo, cuando ese niño nace, la preocupación demográfica parece desvanecerse.
Si nace con una discapacidad y su familia necesita prestaciones, tratamientos, transporte, profesionales o instituciones para garantizar su desarrollo, esos recursos pasan a formar parte del gasto que debe recortarse.
Si nace en una familia pobre, la asistencia estatal se convierte rápidamente en objeto de sospecha: dependencia, asistencialismo, déficit.
Si sus padres están endeudados y no pueden sostener económicamente a su familia, la respuesta es que nadie los obligó a endeudarse y que el Estado no tiene por qué hacerse cargo de las consecuencias de decisiones individuales.
Pero, curiosamente, cuando una mujer decide no continuar un embarazo, la decisión deja de ser estrictamente individual.
Entonces sí aparece el interés colectivo.
Entonces su decisión perjudica a la Argentina.
Entonces necesitamos ese niño.
¿En qué momento exacto deja de necesitarlo la Argentina, señor Presidente?
¿Cuando nace?
Porque existe una contradicción difícil de ignorar: se reclama el nacimiento en nombre de una necesidad colectiva, pero se pretende que la crianza sea una responsabilidad estrictamente privada.
Si una sociedad necesita que nazcan niños para garantizar su futuro, esa misma sociedad tiene alguna responsabilidad en garantizar que esos niños puedan alimentarse, educarse, curarse y desarrollarse.
No podemos socializar la necesidad de que nazcan y privatizar completamente el costo de criarlos.
Mucho menos podemos hablar de ellos como “capital humano” solamente cuando imaginamos lo que producirán dentro de veinte años.
Un niño no empieza a tener valor cuando ingresa al mercado laboral.
Antes de convertirse en el trabajador que usted necesita, será durante muchos años simplemente eso: un niño.
Necesitará comer antes de producir.
Necesitará una escuela antes de tener un empleo.
Necesitará pediatras antes de pagar impuestos.
Necesitará una familia capaz de sostenerlo.
Y algunos necesitarán muchísimo más.
Los niños con discapacidad requerirán apoyos especiales. Algunos nacerán con una discapacidad; otros podrán adquirirla como consecuencia de una enfermedad o de un accidente. Porque la discapacidad no es una categoría de niños que existe en algún lugar ajeno a nosotros: es una posibilidad que atraviesa la vida humana y que puede presentarse en cualquier familia, en cualquier momento.
Y hay aquí otra discusión que apenas mencionaré, aunque merece ser dada: la creciente desconfianza hacia las vacunas y los movimientos antivacunas. Enfermedades que la vacunación logró prevenir o reducir durante décadas pueden no solamente provocar muertes, sino también dejar secuelas permanentes y discapacidades evitables. Defender la infancia implica también sostener políticas de prevención basadas en evidencia científica.
Por eso resulta particularmente difícil comprender que se invoque el valor de cada vida que debería nacer y, al mismo tiempo, se debiliten los recursos destinados a acompañarla cuando esa vida necesita más que las demás.
Otros atravesarán pobreza, abandono, violencia, consumos problemáticos en sus familias o conflictos con la ley.
Y justamente allí es donde debería ponerse a prueba nuestra preocupación por la infancia.
Porque también resulta difícil comprender que mientras se lamenta por los niños que no nacieron, su gobierno impulse una reducción de la edad de punibilidad para aquellos que sí nacieron y llegaron a la adolescencia atravesados por situaciones que muchas veces incluyen exclusión, violencia y ausencia de oportunidades.
No pretendo con esto negar la responsabilidad de un adolescente que comete un delito ni el derecho de una víctima a obtener una respuesta del Estado.
Pretendo algo bastante diferente.
Quienes trabajamos o nos formamos en Niñez sabemos que un niño no aparece a los 14 años el día que comete un delito.
Existió a los dos.
A los cinco.
A los ocho.
A los doce.
Y durante todos esos años hubo, o debió haber, una familia, una escuela, un sistema sanitario, organismos de protección y un Estado capaces de detectar qué estaba ocurriendo.
Resulta entonces extraño descubrir al niño recién cuando hay que castigarlo.
Como profesional del área, hay una pregunta que me resulta inevitable:
¿qué concepción de infancia estamos construyendo?
Porque pareciera existir un niño extraordinariamente valioso antes de nacer, necesario para la demografía y para el futuro económico del país; un niño que, una vez nacido, debe depender fundamentalmente de los recursos que tenga su familia; y finalmente un adolescente al que el Estado vuelve a mirar con enorme atención cuando llega el momento de determinar a qué edad puede encerrarlo.
Hay algo profundamente contradictorio en ese recorrido.
Y hay además una cuestión económica.
Más nacimientos no significan automáticamente más crecimiento.
Los niños que nacieran hoy ingresarían al mercado laboral dentro de aproximadamente dos décadas. Hasta entonces necesitarán una gigantesca inversión familiar y social.
Para que algún día sean ese “capital humano” al que usted alude deberán existir empleos capaces de incorporarlos.
No alcanza con producir habitantes.
Hay que producir oportunidades.
Porque cien mil futuros trabajadores adicionales sin cien mil oportunidades laborales adicionales no solucionan un problema económico: pueden agravar otro.
Por eso la preocupación por la baja natalidad puede ser absolutamente legítima. Argentina envejece y deberá discutir seriamente cómo sostendrá en el futuro su estructura productiva y previsional.
Pero esa discusión merece mucha más profundidad que encontrar culpables entre mujeres que levantaron un pañuelo verde.
Si queremos que las familias tengan más hijos, quizá deberíamos preguntarnos por qué tantas personas deciden no tenerlos o tener menos de los que alguna vez imaginaron.
Cuánto cuesta alquilar una vivienda.
Cuánto cuesta alimentar a un niño.
Qué estabilidad laboral tiene una pareja joven.
Quién cuida a los hijos mientras sus padres trabajan.
Qué ocurre cuando nace un niño con discapacidad.
Qué perspectivas de futuro puede ofrecerle una familia.
Porque la natalidad no se ordena por decreto ni se recupera mediante reproches morales.
Se construyen condiciones en las cuales tener un hijo no signifique aumentar dramáticamente la vulnerabilidad económica de una familia.
Señor Presidente:
Los niños no son unidades de reposición.
No son futuros aportes jubilatorios.
No son capital humano esperando alcanzar edad productiva.
Y tampoco son un problema presupuestario cuando necesitan ayuda para convertirse precisamente en esos adultos autónomos que usted desea.
Son sujetos de derechos ahora.
Si realmente nos preocupa que en Argentina falten niños mañana, quizá el primer paso sea preguntarnos qué estamos haciendo con los niños que tenemos hoy.
Porque una Nación no demuestra cuánto valora la vida contando los nacimientos que no ocurrieron.
Lo demuestra mirando cómo viven aquellos que sí nacieron.
