A partir del 1 de septiembre entra en vigencia una reforma integral del sistema registral automotor que elimina cargos administrativos, fija una unidad de medida única para los trámites y establece un techo a las ganancias mensuales de los encargados de cada seccional.
El Ministerio de Justicia oficializó la puesta en marcha de un nuevo marco normativo para la gestión vehicular a través de la Resolución 412/2026. La medida, enmarcada en el plan de digitalización y reorganización integral, apunta a desregular el sector mediante una simplificación de los aranceles que abonan los usuarios en cada gestión administrativa.
En este sentido, la disposición elimina un 40% de los cargos y cánones vigentes y reemplaza las tablas anteriores por un esquema de categorías fijas. Para unificar los valores, se implementa el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA) como unidad de referencia estándar para calcular los aranceles correspondientes a cada tipo de trámite.
Por otro lado, la normativa redefine el mecanismo de liquidación de ingresos para los responsables de las oficinas seccionales, el cual no presentaba modificaciones desde hacía más de diez años. A partir de la recaudación bruta mensual se aplicarán deducciones operativas, entre las que se incluyen tres unidades MRPA por validación de firma y el costo de insumos físicos como patentes y cédulas, además de ciertos aranceles específicos.
Sobre el saldo neto resultante, el esquema introduce una escala de retención escalonada con restricciones directas para los titulares. Los encargados podrán percibir la totalidad de los fondos hasta los $16 millones mensuales, mientras que sobre el excedente de esa cifra solo retendrán el 25%, porcentaje que se descuenta tras la liquidación de los aranceles cobrados en la dependencia.
Como límite definitivo, la reglamentación fija un tope máximo absoluto de retribución de $40 millones por mes para cada responsable de seccional. Cualquier monto que sobrepase ese margen tras la recaudación de los aranceles del período deberá ser transferido de manera obligatoria a las cuentas del Ministerio de Justicia.
