Una medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal de Río Grande impidió el avance de perforaciones y obras de extracción comercial en el archipiélago tras una presentación judicial.
La Justicia Federal de Río Grande ordenó a las empresas internacionales Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development y Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar cualquier tipo de obra en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Malvinas. La decisión adoptada por la jueza federal Mariel Borruto abarca tanto las perforaciones e instalaciones submarinas como el comienzo formal de la extracción comercial en la zona austral.
La magistrada hizo lugar de este modo a la medida cautelar presentada por un excombatiente del conflicto bélico, en un contexto marcado por las acciones impulsadas por el Gobierno nacional contra las firmas que operan hidrocarburos en el archipiélago de las Malvinas. El fallo judicial detalla que se busca frenar la ejecución de obras y suspender diversos actos financieros vinculados a la financiación y al respaldo de las operaciones en las Malvinas.
En el marco de la resolución dictada, la Justicia requirió a las compañías demandadas que presenten información detallada sobre su estructura societaria, las entidades financieras intervinientes y los planes de contingencia ambiental vinculados al yacimiento en las Islas. Asimismo, la jueza aclaró que la medida cautelar no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad empresaria, sino una tutela preventiva sobre la actividad en las Malvinas.
El juzgado solicitó a la Cancillería y a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación que informen, en un plazo determinado, sobre la existencia de permisos previos o estudios de impacto ambiental tramitados para el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos en la plataforma continental de las Malvinas.
