La declaración de emergencia climática avanzaba con consenso unánime, pero las modificaciones exigidas por la oposición frenaron su promulgación y obligaron a devolver el proyecto a la Cámara de Diputados.
El Senado provincial dio un paso clave este martes al aprobar por unanimidad la emergencia climática ante la amenaza de El Niño, pero un giro imprevisto en el debate legislativo impidió su sanción definitiva. Debido a una serie de modificaciones introducidas en el recinto, el texto debió ser devuelto a la Cámara de Diputados, donde se resolverá si se aceptan los cambios o si se insiste con la redacción original aprobada en primera instancia.
La iniciativa establece un marco de emergencia por 180 días corridos, con la posibilidad de prorrogase por un período idéntico mediante decreto fundado. El objetivo principal es otorgar herramientas excepcionales al Poder Ejecutivo para agilizar obras hidráulicas y de drenaje, prevenir crecidas aluvionales y proteger la prestación de servicios esenciales en todo el territorio provincial durante la temporada 2026-2027.
Pese al acompañamiento unánime en la votación general, el bloque justicialista marcó severas diferencias con el proyecto enviado por el Ejecutivo. La senadora Adriana Cano advirtió que la urgencia ambiental no debía convertirse en una autorización discrecional sin mecanismos claros de control, por lo que el peronismo condicionó su apoyo a la inclusión de informes trimestrales de rendición de cuentas y la validación técnica del Departamento General de Irrigación.
Entre las modificaciones acordadas, la Cámara Alta eliminó el artículo 9 del proyecto original y ajustó el texto para resguardar las competencias de los organismos de control fijados por la Constitución provincial. Con esta nueva redacción, las contrataciones directas y la reasignación de partidas presupuestarias destinadas a paliar los efectos de El Niño deberán ejecutarse bajo estrictos criterios de transparencia, publicidad y eficiencia.
El marco legal contempla intervenciones urgentes en cauces, canales y caminos rurales, pero aclara de forma taxativa que la celeridad de los trámites no exime al Estado de cumplir con las leyes ambientales y territoriales vigentes. El Ministerio de Gobierno actuará como autoridad de aplicación y dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para reglamentar la norma una vez que sea completado el circuito legislativo.
La norma forma parte del plan preventivo provincial impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo, orientado a mitigar el impacto de El Niño en una geografía semiárida vulnerable a tormentas severas. Las acciones apuntan a reforzar el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, potenciar los sistemas de alerta temprana y coordinar labores de infraestructura entre municipios, Defensa Civil e Hidráulica para prevenir daños mayores.
