Una presentación en la órbita pública expone que la funcionaria Jimena Latorre gestionó un reintegro superior a los 10.000 dólares para saldar una capacitación privada.
Una grave denuncia institucional apunta directamente contra la gestión del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, salpicando el desempeño de la ministra Jimena Latorre. La acusación plantea que la funcionaria habría utilizado recursos económicos de un fideicomiso provincial con destino legal exclusivo para cubrir los costos de una maestría personal dictada por una universidad española.
El conflicto económico envuelve un monto cercano a los 13,6 millones de pesos argentinos, autorizados mediante el Comité Ejecutivo del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas en favor de Jimena Latorre. De acuerdo con la normativa vigente en la provincia, esos fondos públicos deben invertirse estrictamente en tareas de fiscalización, control y estudio del sector petrolero, lo que abre el debate sobre la legalidad de esta erogación en beneficio de la ministra.
El proceso administrativo a favor de Jimena Latorre consta en el Acta 129, donde se detalla el reintegro de 10.666 dólares por el cursado virtual en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. No obstante, al auditar los comprobantes surgen inconsistencias contables severas, dado que el acta menciona un descuento del 10% que finalmente no se reflejó en las transferencias abonadas para la formación académica de la ministra.
A las irregularidades numéricas se suma una inconsistencia temporal en las firmas digitales del expediente que involucra a Jimena Latorre. La orden de pago estatal se emitió a comienzos de febrero de 2026, días antes de que los integrantes del Comité Ejecutivo convalidaran el documento con su firma electrónica, dejando al descubierto severas falencias de procedimiento administrativo alrededor del caso.
Esta nueva controversia suma tensión a la carrera pública de Jimena Latorre, quien ya había recibido cuestionamientos por su doble rol previo como integrante del directorio de YPF y por sus viajes al exterior.
Ante este escenario, la documentación completa sobre las actuaciones de Jimena Latorre será presentada en la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, buscando determinar si existió un delito o un claro beneficio personal con dinero de los contribuyentes.
El gasto millonario resulta aún más polémico al ser comparado con la oferta académica del sistema universitario público nacional, al cual podría haber accedido la ministra. En la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), una maestría de orientación similar registra un costo total estimado en $4.235.000 por año a valores de febrero-julio de 2026, al tiempo que la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuenta con posgrados en gestión ambiental por valores equiparables, marcando una brecha abismal frente al financiamiento en divisas otorgado a Jimena Latorre.
