El diputado del bloque Fuerza Patria formalizó presentaciones ante la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Oficina de Ética Pública por el financiamiento de una maestría privada de la funcionaria con dinero de un fideicomiso petrolero.
El diputado provincial Lucas Ilardo, integrante del bloque Fuerza Patria, formalizó una embestida institucional al presentar denuncias formales ante la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza por presuntas irregularidades en el manejo del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas. La presentación busca esclarecer la legalidad y la justificación por un monto de $13.643.838 emitido a favor de la ministra de Energía y Ambiente, Dra. Jimena Latorre, destinada a cubrir los costos de la “Maestría en Economía Medioambiental (MECOM)” en la Universidad Francisco Marroquín.
En la presentación efectuada ante la Fiscalía de Estado, el legislador solicitó promover un estricto “control de juridicidad y tutela del patrimonio provincial” para evaluar el destino de los fondos afectados bajo las Leyes 8393 y 9137. Entre los aspectos centrales cuestionados por Ilardo se destaca que la formación académica financiada “pertenece personalmente a la cursante”, exigiendo determinar si la erogación satisfizo primariamente una necesidad institucional prevista o si constituyó un “beneficio particular no habilitado”. Asimismo, el escrito advierte sobre inconsistencias temporales severas, dado que las firmas digitales que autorizó el reintegro en dólares lucen fechas de febrero de 2026 posteriores a la propia emisión de la orden de pago.
Paralelamente, ante el Tribunal de Cuentas, Ilardo requirió la apertura de una auditoría especial sobre el fideicomiso administrado por Mendoza Fiduciaria S.A. para examinar la totalidad de los comprobantes, rendiciones y el uso de tarjetas corporativas vinculadas al patrimonio fiduciario. El texto resalta la necesidad de revisar por qué la ministra figura registrada bajo la categoría de “proveedora” con una “Factura X” en los sistemas oficiales de liquidación contable, solicitando verificar “la suficiencia, autenticidad y legitimidad de documentos”.
De este modo, el órgano de control externo deberá cotejar las discrepancias detectadas entre las cuotas aprobadas y los montos reintegrados en moneda extranjera.
Por su parte, el escrito radicado en la Oficina de Ética Pública reclama investigar posibles infracciones a la Ley 8993 en materia de probidad, conflicto de intereses y deber de excusación. En este ámbito, el legislador urgió a determinar el rol desempeñado por los funcionarios del Comité Ejecutivo que rubricaron las actas estando bajo la subordinación jerárquica de la propia beneficiaria. Adicionalmente, la denuncia exige evaluar la neutralidad del otorgamiento de fondos públicos provenientes de aportes obligatorios de empresas petroleras que se encuentran directamente fiscalizadas y reguladas por el propio ministerio conducido por Latorre.
Junto a las presentaciones administrativas, el bloque Fuerza Patria ingresó formalmente un proyecto de resolución para hacer comparecer a la ministra a la Cámara de Diputados en los términos del artículo 94 de la Constitución Provincial. La propuesta legislativa contempla un temario de nueve puntos clave para que la funcionaria brinde “informes y explicaciones sobre el marco contractual y normativo del fideicomiso”, las conversiones de divisas aplicadas y las garantías de devolución o transferencia de conocimientos impuestas a favor del Estado. En este sentido, la solicitud de citación fundamenta la necesidad de que la Cámara ejerza sus facultades constitucionales de control sobre la disposición de los caudales públicos provinciales.
Con los expedientes ya radicados en los organismos de control, la atención política se traslada al ámbito parlamentario, donde el 28 de octubre miércoles la Cámara de Diputados deberá decidir en sesión si aprueba la citación de la funcionaria al recinto.
Ante este escenario, Ilardo remarcó la trascendencia del debate que se librará en la Legislatura, enfatizando que resulta urgente echar luz sobre un procedimiento administrativo opaco que afecta la transparencia institucional y el patrimonio de todos los mendocinos.
