Lucas Ilardo diputado presentó un proyecto de ley para incorporar a la normativa de Defensa Civil un régimen de utilización excepcional de bienes privados y demolición de estructuras en emergencias.
Mendoza ostenta el registro histórico del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) como la provincia con mayor actividad telúrica del país. Los trágicos terremotos de 1861 y de 1985 marcaron la memoria colectiva local, impulsando a Lucas Ilardo a señalar la necesidad urgente de contar con un marco normativo preciso que regule el accionar estatal frente a desastres naturales de gran escala.
La legislación vigente en la provincia cuenta desde 1972 con la Ley N° 3.796 de Defensa Civil, la cual faculta al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia. Sin embargo, el legislador Lucas Ilardo remarcó que la normativa actual carece de un procedimiento integral que determine autoridades competentes, límites temporales, controles e indemnizaciones ante el uso de inmuebles particulares en momentos de crisis.
Para solucionar este vacío formal, la iniciativa impulsada por Lucas Ilardo busca integrar la norma de Defensa Civil con la ocupación temporaria extraordinaria prevista en el Decreto-Ley N° 1.447/75 de Expropiaciones. De este modo, ante terremotos, inundaciones o incendios, el Estado provincial dispondrá de herramientas jurídicas claras para acceder, ocupar o remover obstáculos en propiedades privadas en pos de salvar vidas.
El texto fundamentado por Lucas Ilardo establece un protocolo estricto para la demolición de edificaciones en riesgo, exigiendo informes técnicos previos salvo en casos de peligro inminente. Asimismo, las medidas extraordinarias tendrán un límite temporal de cinco días corridos y requerirán la posterior rendición de cuentas e informe detallado ante la Legislatura provincial.
Finalmente, la propuesta presentada por Lucas Ilardo garantiza que todo propietario afectado reciba la indemnización correspondiente por daños materiales o pérdida de uso del bien. De esta manera, el proyecto equilibra la celeridad que exige una catástrofe con el respeto irrestricto a las garantías constitucionales de la propiedad privada.
