El Gobierno provincial presentó las condiciones financieras para traspasar los aviones, pero el intendente Omar Félix desestimó la oferta. Desde General Alvear llovieron las críticas por la postura sanrafaelina.
El traspaso del sistema de lucha antigranizo a las comunas del Sur mendocino quedó envuelto en una fuerte controversia política y financiera. La gestión que encabeza el gobernador Alfredo Cornejo formalizó su propuesta para ceder las aeronaves y aportar recursos operativos, pero San Rafael bajó la persiana. El jefe comunal Omar Félix no aceptó los términos del convenio y exigió que el Ejecutivo provincial siga sosteniendo el operativo en conjunto, lo que reactivó la tensión en la región.
El núcleo del reclamo radica en la distribución de los costos de funcionamiento y en quién debe asumir el mantenimiento técnico de la flota aérea. A través de una nota institucional enviada por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, el equipo de Alfredo Cornejo ofreció un paquete estimado en 1,42 millones de dólares, que contempla la transferencia definitiva de los aviones (valuados en 1,3 millones de dólares) y un canon de 120.000 dólares por temporada para sostener los servicios de radar. Sin embargo, el esquema fija que los gastos operativos más gruesos, combustible, personal técnico y compra de pyros, corran por cuenta de los municipios.
Desde el sector gubernamental reiteraron la postura asumida por la gestión de Alfredo Cornejo, que apunta a discontinuar la mitigación aérea por la falta de evidencias científicas concluyentes sobre su efectividad real. En esa línea, la Casa de Gobierno defiende como alternativa el Fondo Compensador Agrícola, destacando que más del 70% de los desembolsos de dicho mecanismo terminan auxiliando directamente a los productores contratantes del oasis Sur.
La contestación del cacique sanrafaelino fue tajante: rechazar el texto del convenio e insistir con el esquema planteado semanas atrás. En una rueda de prensa, el diputado Germán Gómez remarcó que San Rafael dispone de $1.500 millones para el operativo, pero supeditó el despliegue a que la administración de Alfredo Cornejo financie al menos el 50% de los gastos, repartiendo el resto entre San Rafael (70%) y Alvear (30%).
La polémica salpicó también los números del Seguro Agrícola. Según los representantes del municipio sanrafaelino, la inyección de $900 millones ofertada por la órbita de Alfredo Cornejo saldría de fondos ya asignados al Seguro Agrícola, por lo que no configuraría un aporte fresco sino una redistribución de recursos que privaría a los productores de coberturas ante inclemencias climáticas.
En la otra vereda, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, lamentó abiertamente el desenlace del conflicto y cruzó a la conducción sanrafaelina. El mandatario alvearense explicó que su departamento había logrado articular un punto de equilibrio junto al equipo de Alfredo Cornejo para cubrir los $900 millones faltantes, bajando la exigencia local a $600 millones, pero recriminó que las pretensiones de San Rafael terminaron dinamitando la negociación.
Molero apuntó además contra las exigencias cambiantes de sus vecinos de cuenca y ventiló la existencia de reclamos judiciales pendientes. Según ventiló el alvearense, San Rafael supeditó el pacto a saldar presuntas deudas de la campaña previa, a lo que se suma una causa judicial en trámite por una factura cercana a los $200 millones imputada a proveedores de insumos del sistema, marco sobre el cual la gestión de Alfredo Cornejo observa atentamente los avances institucionales.
