Una iniciativa ingresada en la Legislatura provincial apunta a garantizar la autonomía, operatividad y gratuidad absoluta del Abogado del Niño en Mendoza, saldando un vacío legal de larga data.
La provincia de Mendoza se encamina a dar un debate profundo sobre los derechos de la niñez y la adolescencia a partir de un proyecto legislativo “Abogado del Niño” impulsado por el legislador Lucas Ilardo. La propuesta tiene como eje central resolver una deuda histórica e institucional en el ordenamiento procesal local, transformando una figura jurídica declarativa en un servicio real, operativo, autónomo y completamente gratuito para los menores de edad.
A pesar de que la legislación previa contemplaba de forma preliminar la asistencia letrada según la capacidad progresiva, la práctica cotidiana en los tribunales demostró severas fallas estructurales. La ausencia de un régimen de financiamiento estatal transparente, sumada a la superposición de roles con el Ministerio Pupilar y a restricciones técnicas, genera barreras invisibles que impiden un acceso universal a la justicia para este sector vulnerable, tal como advirtió Ilardo en los fundamentos del expediente.
Para subsanar esta problemática, la normativa plantea modificaciones esenciales basadas en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional N° 26.061. En primer lugar, se establece la universalidad reconociendo la capacidad progresiva, presumiendo la aptitud para designar abogado a partir de los 13 años y evaluando con flexibilidad los casos de menores de esa edad. De este modo, Ilardo busca asegurar que cada niño o adolescente cuente con un patrocinio técnico estrictamente independiente de sus progenitores, tutores o defensores oficiales.
Uno de los pilares más destacados del proyecto es la implementación de la gratuidad absoluta mediante la creación de un Fondo Especial de carácter provincial y con asignación presupuestaria específica. Según detalló Ilardo, el Estado provincial asumirá de esta manera la carga financiera de los honorarios profesionales devengados, removiendo los obstáculos económicos que históricamente obstaculizaron la tutela judicial efectiva de las infancias en territorio mendocino.
La iniciativa ya se encuentra formalmente ingresada para su tratamiento legislativo, aguardando el debate político necesario para su aprobación. Con este articulado, Ilardo confía en que Mendoza se alineará con los estándares internacionales más rigurosos en materia de protección integral de derechos humanos, dotando al sistema judicial de una herramienta operativa moderna e indispensable.

