El convenio firmado por el Ejecutivo busca ampliar la capacidad de vigilancia urbana en puntos estratégicos como las estaciones de servicio.
El Gobierno de Alfredo Cornejo aprobó un convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia con la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA), que permitirá incorporar cámaras de seguridad privadas al sistema público. El acuerdo, firmado el 12 de septiembre de 2024 por la ministra Mercedes Rus y el presidente de AMENA, Sergio Isabelino Rodríguez, fue ratificado por el gobernador mediante el decreto 566, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Según se detalla en el documento, el objetivo del convenio es integrar las cámaras privadas que registren la vía pública o espacios de acceso público al sistema provincial, en el marco de lo previsto por la Ley 9562.
Esta normativa establece que los registros audiovisuales de origen privado pueden ser incorporados al sistema estatal mediante convenios con la cartera de Seguridad, que actúa como autoridad de aplicación.
La medida apunta reforzar el monitoreo en tiempo real y la capacidad de respuesta ante delitos o situaciones de emergencia. Desde el Ejecutivo aseguran que no se comprometen fondos públicos en esta iniciativa y que las cámaras seguirán siendo operadas por los privados, pero estarán conectadas al centro de monitoreo oficial.
En el expediente también se aclara que la firma del mismo no implica nuevas deudas ni erogaciones presupuestarias. Así lo determinó la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio, que dio luz verde a la ratificación sin objeciones legales, una vez que AMENA presentó la documentación respaldatoria.
El próximo paso será la implementación técnica de la integración, que demandará coordinación entre los técnicos del Estado y las estaciones de servicio adheridas. Aunque no se especifica cuántas cámaras se sumarán en esta primera etapa, desde Seguridad afirman que el plan es escalar la medida con otros sectores privados.
La Ley de Videovigilancia
La Ley 9562 fue promulgada en agosto del año pasado luego de que consiguiera el respaldo de ambas cámaras legislativas. La iniciativa formó parte del paquete de 11 proyectos de Reformas de Seguridad que presentó Rus a principio de mayo de 2024.
Entre sus puntos más destacables se encuentran el marco regulatorio para que el ministerio pueda utilizar las cámaras de seguridad para grabar o captar imágenes y datos en lugares públicos. A su vez, la Policía de Mendoza o de unidades investigativas podrán solicitar las grabaciones a los establecimientos privados.
El eje central de la ley es que las cámaras privadas sean parte del sistema de vigilancia estatal con el fin de ampliar la capacidad operativa, mejorar la eficacia en la prevención del delito y permitir un mejor seguimiento de las trayectorias delictivas.
En el ministerio informaron que, que hasta a principios de este año, se han sumado más de 20 cámaras de seguridad al sistema de vigilancia estatal. En caso de que un particular, comercio o cámara empresarial quiera incorporarse a este régimen de videovigilancia, deberán firmar un convenio con la cartera de Seguridad provincial.
losandes
