Por: Florencia Escartin, concejala del Partido Justicialista de General Alvear
La lucha antigranizo dejó de ser solamente una discusión sobre aviones. Hoy es una discusión mucho más profunda: qué lugar ocupa el Estado en la protección de nuestra producción y quién está dispuesto a hacerse cargo cuando las cosas se complican.
En los últimos días asistimos a algo difícil de explicar.
Primero se habló de vender los aviones. Después se anunció que serían cedidos a los municipios. Y ahora aparecen declaraciones que indican que, si los municipios quieren quedarse con ellos, deberían comprarlos.
Tres versiones en pocos días para una política que debería tener una sola cosa: certeza.
Desde mi lugar como concejala de General Alvear no voy a entrar en una disputa entre municipios. No corresponde. Porque el problema no es qué municipio puede comprar un avión y cuál no.
El problema es por qué la Provincia pretende trasladar a los municipios una responsabilidad que históricamente fue provincial.
Un municipio puede colaborar, administrar y acompañar. Pero sostener un sistema de mitigación implica mucho más que tener una aeronave: requiere radares, personal especializado, mantenimiento, combustible, logística y recursos permanentes.
Por eso las preguntas son inevitables:
¿Quién paga? ¿Quién mantiene? ¿Quién opera? ¿Quién responde?
Porque un avión puede estar en tierra y ser propiedad de un municipio, pero el granizo no entiende de jurisdicciones administrativas.
Y tampoco podemos aceptar que esta discusión termine enfrentando a departamentos productores entre sí. Ese sería el escenario perfecto para que la Provincia se corra del centro de la escena y los municipios terminen discutiendo quién puede afrontar una responsabilidad que no deberían cargar solos.
Cornejo, Molero y una sociedad política que merece explicaciones
También resulta inevitable hacer una lectura política.
Durante dos años los municipios hicieron el esfuerzo de sostener la lucha antigranizo. Los productores reclamaron. Las entidades intermedias discutieron resultados. Y desde el Gobierno provincial se sostuvo que la continuidad se definiría en función de la eficiencia del sistema.
Ahora, cuando el reclamo vuelve a hacerse sentir con fuerza, aparecen nuevamente los aviones.
Entonces cabe preguntarse: ¿estamos frente a una decisión de política pública o frente a una estrategia para repartir el costo político?
Porque resulta difícil no observar la sociedad política entre Alfredo Cornejo y Alejandro Molero y preguntarse cómo se distribuyen las responsabilidades en este esquema: la Provincia decide, los municipios quedan expuestos y los productores esperan respuestas.
No planteo esto como una cuestión personal. Lo planteo políticamente.
Si la Provincia considera que la lucha antigranizo es necesaria, debe asumir su responsabilidad. Y si considera que ya no debe hacerlo, debe explicarle a los productores por qué.
Lo que no puede hacer es quedar en el medio: ni hacerse cargo, ni dejar de ser responsable, ni permitir que los municipios paguen la cuenta.
Porque eso no es descentralización.
Eso es trasladar el problema.
Y el seguro agrícola también es parte de la discusión
No podemos hablar de protección de la producción y olvidarnos del seguro agrícola.
Desde el Gobierno se ha dicho que se tendrán en cuenta los reclamos de los productores. Bien.
Pero desde mi banca exijo unidad de criterios en la aplicación y en la implementación, reglas claras y tiempos que permitan que la herramienta llegue cuando realmente se necesita.
Y también exijo que se contemplen las consideraciones planteadas en el Acta 20/10, que ya todos conocemos.
Porque no alcanza con anunciar herramientas. Hay que garantizar que sean accesibles, previsibles y que se apliquen con justicia.
Un productor que sufre una emergencia climática no puede encontrarse, además, con una carrera burocrática para saber si podrá acceder o no a una cobertura.
La discusión de fondo
Hoy tenemos productores hablando de alrededor de $200 por kilo de uva, con costos crecientes y cada vez más dificultades para sostener sus explotaciones.
Entonces hay algo que debemos entender de una vez:
Un crédito no es rentabilidad. Una indemnización no es rentabilidad. Y dos aviones tampoco son una política agrícola.
Son herramientas.
Lo que necesitamos es una política productiva integral y un Estado presente.
Diversificar la matriz productiva puede ser necesario. La ganadería, el forraje, la energía y otras actividades pueden generar oportunidades.
Pero diversificar no puede significar reemplazar la agricultura.
General Alvear produce alimentos. Mendoza produce alimentos. Y proteger esa capacidad productiva también es defender nuestra soberanía.
Por eso celebro cualquier medida que contribuya a proteger a nuestros productores. Pero acompañar una medida necesaria no significa firmar un cheque en blanco.
Vamos a pedir información, vamos a mirar los convenios, los costos, las condiciones y las responsabilidades.
Porque después de tantos meses de silencio, los productores merecen algo mucho más sencillo que nuevas promesas:
merecen certezas.
Y quienes gobiernan, sean provinciales o municipales, merecen una exigencia todavía más sencilla:
que se hagan cargo de las decisiones que toman.
