Un nuevo proyecto legislativo busca resolver la histórica tensión entre la formalización laboral rural y la pérdida de asistencia estatal en las economías regionales.
La iniciativa ingresada en el Congreso de la Nación pretende instaurar un marco normativo definitivo que evite la baja de beneficios estatales ante la contratación temporaria. Detrás de esta propuesta legislativa se encuentra la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien advirtió sobre la incertidumbre generada tras el vencimiento de los decretos transitorios que hasta ahora regulaban esta materia en el sector agrario.
El texto contempla de forma directa a los cosechadores, trabajadores estacionales de la Ley de Contrato de Trabajo y contratistas de viñas y frutales. Para garantizar su adhesión, la redacción impulsada por Anabel Fernández Sagasti estipula que la registración formal no interrumpirá la percepción de la Tarjeta Alimentar ni de los programas de acompañamiento social vigentes.
Asimismo, el articulado establece un piso mínimo de asignaciones familiares equivalentes a la totalidad de la Asignación Universal por Hijo y asegura el reingreso automático al sistema asistencial al finalizar las tareas de cosecha. Esta estructura de incentivos, defendida públicamente por Anabel Fernández Sagasti, fija además un tope de hasta cuatro salarios mínimos para acceder al beneficio, excluyendo adicionales como horas extras o aguinaldos del cómputo general.
La discusión parlamentaria cobra relevancia estratégica ante el inicio de los nuevos ciclos productivos en provincias cuyanas y patagónicas. Mediante esta herramienta legal, la estrategia parlamentaria liderada por Anabel Fernández Sagasti intenta conciliar la demanda de mano de obra en las fincas con la preservación de los ingresos básicos de las familias rurales.
