La ONG Fiscalía Ciudadana advirtió ante la Justicia que la planta de Colonia Segovia lleva casi diez años sin el mantenimiento adecuado. Aseguran que el vuelco de líquidos sin depurar afecta el suelo, el agua y la salud de los vecinos de Puente de Hierro.
Una grave presentación judicial volvió a poner en el centro de la polémica el manejo de los residuos en Mendoza, comprometiendo directamente a autoridades del Departamento General de Irrigación, la Municipalidad de Guaymallén y el Ministerio de Energía y Ambiente. La Fundación Fiscalía Ciudadana radicó una denuncia penal tras elaborar un extenso informe sobre el estado crítico en el que se encuentra la planta de tratamiento de líquidos de Colonia Segovia, un predio ubicado en el distrito de Puente de Hierro donde el sistema de cloaca opera bajo administración municipal y muestra signos de abandono desde hace casi una década.
De acuerdo con el relevamiento técnico presentado por los denunciantes, las instalaciones cuentan con tres lagunas de estabilización dispuestas en serie para procesar los desechos urbanos. Sin embargo, el líquido que sale de la última etapa se descarga por simple gravedad sobre terreno natural, sin ningún tipo de impermeabilización ni un sistema de disposición final seguro, lo que transforma el entorno de la cloaca en un foco infeccioso. Si bien Irrigación ya había detectado esta falla y aplicó sanciones económicas a la comuna por tener la laguna fuera de régimen, el problema de fondo nunca fue resuelto.
Los registros documentales incorporados al expediente demuestran que el organismo del agua comenzó a notificar e intimar al municipio en 2019 tras constatar la inexistencia de un área de reúso, el vertido directo sobre un campo abierto y el incumplimiento de los parámetros legales. Desde la ONG cuestionaron con dureza la demora en los controles, señalando que, a pesar de que tanto la comuna como el Ministerio de Energía y Ambiente conocían las graves limitaciones que presentaba esta cloaca a cielo abierto, las primeras multas efectivas recién se concretaron entre 2024 y 2025.
Para respaldar la acusación, miembros de la entidad realizaron inspecciones oculares entre el 13 de agosto y el 30 de octubre de 2026 tanto en el predio principal como en la Estación Elevadora de Bombeo de las calles Severo del Castillo y Roque Sáenz Peña. Durante esas recorridas documentaron el escurrimiento continuo de desechos hacia el este y descargas sin tratar desde el lateral sur hacia los terrenos lindantes, formando una laguna artificial de cloaca que atrae a la fauna local. Además, advirtieron que la geomembrana impermeabilizante de una de las piletas estaría dañada, permitiendo que los líquidos se filtren peligrosamente hacia las napas subterráneas.
A pesar de que los vuelcos fueron debidamente certificados por los inspectores de Irrigación, quienes intimaron a la comuna a frenar los derrames de inmediato y sanear el área afectada, la situación irregular continuó repitiéndose sin pausas. Para los impulsores de la causa, la falta de obras concretas demuestra que el sistema de cloaca sigue operando al margen de la ley, exponiendo diariamente a los habitantes de la zona rural a riesgos sanitarios evitables.
En el plano jurídico, la Fundación sostiene que los hechos documentados vulneran de manera flagrante los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, además de diversos tratados internacionales de derechos humanos y normativas ambientales vigentes. Asimismo, plantearon que las conductas investigadas podrían encuadrar en los delitos previstos en los artículos 55 y 57 de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y en el artículo 248 del Código Penal, dado que el desborde constante de la cloaca configura un daño ambiental de incidencia colectiva.
Frente a este escenario de inacción estatal, la presentación judicial solicita imputar por contaminación con residuos peligrosos y abuso de autoridad tanto a los funcionarios municipales responsables como a las autoridades provinciales encargadas del control hídrico y ambiental. El objetivo central de la demanda es lograr una intervención urgente que obligue a reparar la infraestructura de la cloaca y ponga fin a un pasivo ambiental que lleva años acumulándose sin respuestas.
Los denunciantes pidieron a la fiscalía interviniente que dicte medidas cautelares de carácter urgente, autónomo y precautorio para frenar de inmediato los vuelcos ilegales y evitar un daño irreversible en el ecosistema mendocino. De este modo, buscan resguardar el derecho constitucional a un ambiente sano, la integridad física de la población y el acceso a un servicio de cloaca que garantice condiciones básicas de salubridad y seguridad para toda la comunidad.
