En la sesión de hoy a las 10 se tratará el proyecto de Ficha Limpia que impide la participación como candidatos a cargos electivos de ciudadanos que hayan sido condenados en dos instancias judiciales por delitos de corrupción.
El proyecto es una variante del que había presentado la diputada Silvia Lospennato (PRO) y que no había sido tratado por falta de quórum. Luego, el oficialismo decidió tomarlo como propio, con algunos cambios, y lo incluyó en el temario de estas sesiones extraordinarias.
Aunque consiguió dictamen de comisión, el proyecto todavía despierta resistencias en sectores de la oposición, fundamentalmente en el bloque de Unión por la Patria (UxP). Esto se debe a que ese sector entiende que es una manera de proscribir a la expresidenta Cristina Kirchner, que fue condenada en primera instancia y también por la Cámara de Casación en la denominada Causa Vialidad, por presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Ante este panorama, se aguarda un debate áspero y muy largo.
Lo que reclama UxP es que la inhabilitación se disponga únicamente si el candidato ya tiene condena firme refrendada por la Corte Suprema. Además propone extender el tipo de delitos. El peso de ese bloque (98 diputados) es un obstáculo para el oficialismo, que necesita una mayoría absoluta (129 sufragios) por tratarse de un proyecto que modifica el régimen electoral.
Aunque se cree que el proyecto será aprobado en general, hay dudas sobre la “letra chica”. Por ejemplo, no surge consenso ante la denominada “cláusula Petri” (porque fue redactada por el ministro de Defensa) que obliga a que las dos instancias condenatorias hayan sido en el año previo a los comicios, para no dar paso a que el Poder Judicial tome protagonismo decisivo en un año electoral.
Con esta modificación se pretendió eliminar las suspicacias que se habían suscitado con la primera versión sobre hipotéticas presiones a jueces para que apuren fallos tendientes a dejar fuera de carrera a determinados dirigentes políticos. Según trascendió, algunas fuerzas se niegan a votarla y el Gobierno aceptaría flexibilizar la cláusula en pos de la aprobación del proyecto.
De esta manera, la permanencia de esa cláusula en el proyecto de ley era analizada en una reunión en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, junto a referentes de los bloques dialoguistas y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. En el Ejecutivo quieren garantizarse que no haya objeciones de los potenciales aliados y que la norma reúna el consenso necesario para recibir media sanción.
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