El Ministerio de Seguridad y Justicia presentó ante la Legislatura sus proyecciones presupuestarias para 2027, con un fuerte enfoque en tecnología de vanguardia, refuerzo de tropas e investigación criminal.
El Gobierno provincial proyecta destinar más de $676.533 millones a las políticas de seguridad durante el ejercicio 2027. La ministra Mercedes Rus expuso los detalles ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde remarcó que la prioridad estará puesta en sumar herramientas tecnológicas de última generación, incorporar personal capacitado y afianzar el trabajo en las calles.
Esta partida económica representa el 8,9% del presupuesto general mendozino en materia de seguridad pública. Según el desglose oficial presentado por el equipo ministerial, casi tres cuartas partes de los recursos irán directo al funcionamiento de la Policía de Mendoza, mientras que el porcentaje restante sostendrá la gestión del Servicio Penitenciario provincial.
Entre los anuncios más destacados para reforzar la seguridad ciudadana figura la puesta en marcha de un innovador Sistema Aéreo de Respuesta Inmediata. El proyecto contempla 20 drones autónomos con bases conectadas al 911, que comenzarán a operar en diez puntos clave del Gran Mendoza para transmitir imágenes HD en tiempo real antes de la llegada de las patrullas.
En simultáneo, la provincia duplicará sus capacidades de videovigilancia e inteligencia en seguridad urbana. Las autoridades prevén elevar de 160 a 300 las cámaras con reconocimiento facial e instalar 800 nuevos lectores de patentes, consolidando una red preventiva orientada a combatir delitos graves.
El factor humano también tendrá un peso decisivo en el armado de la seguridad para el año próximo. La planificación incluye el ingreso de 750 nuevos efectivos a la fuerza provincial, la suma de 220 agentes penitenciarios y la compra de equipamiento clave como chalecos antibalas, armamento, camionetas, motos y trajes especiales para bomberos.
En materia investigativa, los fondos aplicados a la seguridad permitirán robustecer los laboratorios de genética y balística. Además, se creará un sistema de trazabilidad diseñado para frenar la venta de celulares y computadoras robadas, atacando de forma directa el mercado negro que sostiene el delito común.
El presupuesto asignado al área carcelaria buscará garantizar la seguridad institucional mediante la cobertura de bienes y servicios esenciales. La infraestructura penitenciaria y la alimentación de las personas privadas de libertad absorberán gran parte de esos fondos para mantener el orden y cumplir con los estándares normativos.
