Los funcionarios electos en las Inspecciones de Cauce tendrán un plazo de 60 días para acreditar formación clave. La medida busca la modernización institucional y el control efectivo.
El Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación de Mendoza oficializó una reforma integral en las exigencias para quienes resulten electos en los comicios de las Inspecciones de Cauce del próximo 1º de noviembre. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el organismo dispuso que todos los nuevos representantes técnico-políticos asuman el compromiso de formarse en temáticas transversales de gestión pública. De este modo, la norma establece el cursado obligatorio de trayectos formativos específicos, vinculando de manera directa la administración del recurso hídrico con las demandas sociales contemporáneas y la erradicación de la violencia de género.
Para alcanzar este objetivo, las autoridades diseñaron un esquema de capacitaciones virtuales y gratuitas que facilita el acceso remoto desde cualquier dispositivo con conectividad. Los funcionarios dispondrán de un plazo improrrogable de sesenta días corridos, contados a partir de la aprobación del acto eleccionario, para acreditar la culminación de los cursos. En consecuencia, la falta de presentación de los certificados ante la Oficina Electoral y la Dirección de Fiscalización en un lapso de 24 horas posteriores a su emisión activará sanciones inmediatas. Con esta medida, el retraso injustificado provocará la suspensión provisoria de las funciones del agente, reforzando la seriedad institucional que requiere el abordaje de la violencia de género.
En cuanto al contenido de los trayectos, la reglamentación estipula la complementariedad de dos normativas nacionales de cumplimiento obligatorio en los tres poderes del Estado. Por un lado, se implementará la instrucción basada en la Ley Micaela, destinada a prevenir conductas de discriminación y promover la equidad en el ámbito laboral. Por el otro, se incorporará la Ley Yolanda, enfocada en la gestión ambiental sostenible, el cambio climático y la preservación de las cuencas hídricas locales. Con esta doble perspectiva, Irrigación intenta asegurar que los encargados de distribuir el agua en la provincia posean herramientas teóricas sólidas para detectar, denunciar y mitigar cualquier expresión de violencia de género.
Más allá de las exigencias formativas, el organismo sumó un nuevo filtro vinculado a la idoneidad y la transparencia de los aspirantes a las Inspecciones de Cauce. A partir de esta elección, cada miembro de las listas deberá tramitar y adjuntar el Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia. Esta disposición busca blindar los espacios de decisión comunitaria frente a personas que cuenten con condenas firmes, garantizando entornos institucionales limpios y alineados con las políticas de prevención de la violencia de género.
El documento regulatorio contempla una única excepción aplicable a los inspectores y delegados actuales que logren la reelección en sus cargos durante la jornada de noviembre. Sin embargo, este beneficio solo operará si los mismos ya acreditaron los conocimientos equivalentes durante su mandato previo en la gestión del agua mendocina. De lo contrario, deberán someterse al mismo proceso administrativo que el resto de los candidatos electos para evitar penalizaciones. Mediante este marco punitivo, Mendoza busca consolidar un modelo de gobernanza hídrica eficiente, moderno y profundamente comprometido con los derechos humanos y el combate de la violencia de género.
