La Agencia Nacional de Discapacidad estableció a través de una resolución parámetros médicos para evaluar la invalidez laboral. Expertos advierten que la norma refuerza un modelo médico excluyente y omite la participación de organizaciones de personas con discapacidad.
El ruido de la motosierra de Javier Milei se escucha detrás de la polémica por las calificaciones de distintos grados de discapacidad como “idiotas”, “débiles mentales” e “imbéciles”. Los términos fueron utilizados por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, en una resolución publicada el 14 de enero en el Boletín Oficial, que aprueba el “Baremo (tabla o escala) para la evaluación médica de invalidez de las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral”.
El objetivo de la norma es “determinar la pertinencia del otorgamiento del beneficio por constatar incapacidad total y permanente”. Es decir, se establece un método para definir la validez o invalidez laboral de las personas, y con esto quiénes pueden y quiénes no acceder a una pensión.
La esencia de la resolución se vio esmerilada en la opinión pública por el fuerte rechazo que causó el uso de términos discriminatorios y retrográdos para referirse a personas con algún tipo de discapacidad. De hecho, Andis pidió disculpas y prometió revisarlos y modificarlos, pero aún así organizaciones sociales y de derechos humanos alertan sobre los riesgos detrás de estos parámetros y denuncian que la intención es aplicar un ajuste en la cantidad de beneficiarios que reciben la pensión por invalidez.
