La Cámara de Senadores de Mendoza sancionó de forma definitiva la normativa que busca acelerar los procesos de desadjudicación de viviendas sociales ante casos de mora severa, abandono o utilización comercial indebida por parte de los adjudicatarios actuales.
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por amplia mayoría este martes en el recinto de sesiones el proyecto de ley impulsado por el Gobierno provincial que simplifica de manera drástica los mecanismos administrativos para la recuperación de inmuebles sociales en los casos donde se verifiquen irregularidades graves por parte de los beneficiarios del IPV. La iniciativa legislativa ya contaba con el visto bueno y la media sanción de la Cámara de Diputados, por lo que ahora se transformó formalmente en ley y quedó lista para su posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo local. A partir de esta reforma, el Estado mendocino contará con herramientas mucho más ágiles para dar de baja las adjudicaciones de aquellas personas que no cumplan con los requisitos sociales y contractuales establecidos originalmente.
¿Cómo agilizará el Senado la recuperación de viviendas frente a los incumplimientos?
Las autoridades provinciales explicaron detalladamente que la propuesta apunta a facilitar la quita de los inmuebles en situaciones muy específicas como la falta de pago prolongada, el abandono absoluto de la propiedad o la utilización irregular de las unidades habitacionales. Entre estas faltas graves se destaca el alquiler clandestino a terceras personas o la oferta de las casas mediante plataformas digitales de hospedaje temporario, actividades que desvirtúan por completo el fin social con el que fueron construidas a través del IPV. El objetivo central de la nueva normativa es evitar que las propiedades destinadas a sectores vulnerables se conviertan en un negocio inmobiliario privado mientras miles de ciudadanos esperan una oportunidad.
Los legisladores del bloque oficialista defendieron la urgencia de la medida sosteniendo firmemente que la nueva ley permitirá optimizar al máximo los recursos disponibles en un contexto socioeconómico sumamente complejo, donde la demanda de techos propios supera de forma muy amplia a la oferta que el Estado puede financiar en la actualidad. Los informes estadísticos que maneja de manera interna el IPV revelan que existen en la provincia alrededor de quinientos casos activos directamente vinculados a situaciones de mora severa o uso indebido de las instalaciones. Al mismo tiempo, el registro oficial detalla que aproximadamente cien mil familias mendocinas permanecen anotadas a la espera de una solución habitacional definitiva.
El cambio fundamental y más profundo que introduce este proyecto es la eliminación definitiva de la homologación judicial previa para todas las resoluciones de desadjudicación que sean dictadas formalmente por las autoridades competentes del IPV. Con el esquema legal anterior, cada procedimiento administrativo debía pasar obligatoriamente por el filtro de los tribunales ordinarios, lo que dilataba los tiempos de resolución durante varios años y trababa la posibilidad de reasignar el inmueble a una familia que realmente lo necesitara de forma urgente. Ahora, el organismo central podrá avanzar de manera directa con las acciones operativas de desalojo una vez que se haya dado por concluido el debido proceso de defensa del beneficiario infractor.
Las nuevas facultades que otorga la legislación aprobada por el cuerpo legislativo se estructuran en base a los siguientes puntos de aplicación inmediata
- La quita del beneficio de forma directa por la vía administrativa sin requerir validación de los jueces
- La aceleración de los plazos legales de notificación para los adjudicatarios que incurran en deudas repetidas
- La realización de censos sorpresivos para verificar que las familias adjudicadas residan efectivamente en el lugar
- La reasignación inmediata de las casas recuperadas a los postulantes que cumplen con los requisitos del IPV
- La aplicación de multas económicas severas para quienes intenten comercializar de forma ilegal el patrimonio público
Los sectores de la oposición que decidieron acompañar la votación manifestaron que realizarán un seguimiento muy estricto sobre la aplicación de los desalojos para garantizar que no se cometan injusticias con las familias de bajos recursos que atraviesan problemas económicos reales para pagar la cuota. Desde la gobernación respondieron que el espíritu de la ley no es castigar la pobreza, sino combatir las mafias que lucran con el sistema solidario del IPV. La reglamentación final de la normativa se publicará en el Boletín Oficial durante los próximos días, detallando los protocolos exactos que inspectores y trabajadores sociales deberán seguir en cada operativo territorial para resguardar los derechos de los menores involucrados.
