La iniciativa parlamentaria advierte que un legislador cobra casi siete veces más que un maestro recién iniciado. El objetivo es poner un techo estricto a las dietas y bloquear cualquier extra salarial.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Mendoza propone cambiar de raíz la forma en que se calculan los ingresos de la dirigencia local, apuntando directamente a recortar las diferencias con los trabajadores públicos. La iniciativa lleva la firma del diputado de Fuerza Patria Lucas Ilardo, quien planteó establecer un tope salarial estricto para todos los legisladores y asesores políticos de la provincia.
El texto plantea que ningún diputado, senador o asesor tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo pueda cobrar por mes más de tres veces el sueldo básico de la Clase 1 del Escalafón General de la Administración Pública. Según explicó Ilardo en los fundamentos de la norma, si bien desde 2014 rige una ley que pone como límite el ingreso bruto del Gobernador, ese mecanismo funciona apenas como un techo máximo sin guardar ningún tipo de proporción con los sueldos más bajos del Estado.
Para graficar la distancia actual, el documento expone cifras contundentes sobre las liquidaciones de noviembre de 2026: mientras la dieta bruta de un legislador alcanza los $5.799.750 equivalente al 95% de lo que percibe el mandatario provincial, el salario docente mínimo garantizado se ubica en apenas $866.300. Con estos números sobre la mesa, Ilardo remarcó que un representante legislativo gana casi siete veces más que un maestro, una brecha que se vuelve todavía más profunda al compararla con la categoría inicial de los empleados estatales, quienes cobran apenas el 27% de la Clase 13 que sirve de base para el sueldo del gobernador.
Además de señalar la disparidad interna, el planteo vincula la situación salarial de la política con la realidad económica que atraviesan las familias mendocinas en la calle. Citando las estadísticas oficiales del INDEC que marcan un 31,9% de pobreza en el Gran Mendoza y sueldos locales por debajo del promedio nacional, Lucas Ilardo sostuvo que el Estado no puede seguir reproduciendo hacia adentro la misma desigualdad que afecta al resto de la sociedad.
En cuanto a la letra chica de la propuesta, el articulado aclara que el recorte abarcará no solo a diputados y senadores, sino también al personal de bloques, despachos y a todos los asesores políticos contratados bajo cualquier modalidad en ministerios, secretarías y subsecretarías. Para evitar que la medida quede vieja frente a la inflación, el proyecto impulsado por Ilardo establece que el tope se actualizará de forma automática cada vez que suba el salario de la Clase 1, manteniendo siempre esa misma proporción sin depender de nuevas leyes.
La iniciativa cierra la puerta a cualquier maniobra administrativa que intente esquivar el límite mediante adicionales encubiertos, prohibiendo de manera expresa el pago de bonificaciones, compensaciones por función o viáticos fijos que no estén respaldados por comprobantes de gastos. De este modo, Lucas Ilardo busca que esta norma complemente las leyes vigentes y garantice que, ante cualquier duda en la liquidación de un cargo político, siempre se aplique la cifra más baja.
