El fiscal Gerardo Pollicita solicitó trasladar el expediente al fuero Penal Económico para analizar la compra de inmuebles, operaciones con Bitcoins y posibles inconsistencias en las declaraciones juradas del exfuncionario.
La causa judicial que salpica al ex vocero presidencial y exjefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un capítulo determinante en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen donde sostuvo que el material probatorio reunido hasta el momento no permite sostener una acusación por enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública, aunque remarcó la necesidad de profundizar la investigación sobre su patrimonio por otras vías normativas.
En ese marco, la fiscalía solicitó formalmente que el expediente impulsado contra Manuel Adorni pase a la órbita de la Justicia Nacional en lo Penal Económico. El objetivo central de este movimiento procesal es determinar si existió una eventual maniobra de evasión tributaria, a partir de una serie de inconsistencias detectadas en los reportes de bienes presentados por el dirigente libertario ante los organismos de control.
Los peritos del fuero federal centraron su atención en los movimientos de divisas y activos digitales informados por Manuel Adorni, con foco en la tenencia de dólares en efectivo y transacciones con criptomonedas. Ante los requerimientos judiciales, la representación legal del dirigente argumentó que la adquisición de una propiedad en el barrio cerrado Indio Cuá y un departamento en Caballito se concretó mediante el respaldo financiero de ahorros acumulados en Bitcoins entre los años 2014 y 2018.
Según el descargo volcado en el expediente por la defensa de Manuel Adorni, las compras iniciales de criptoactivos se realizaron de manera presencial y en efectivo con operadores informales. Aquella inversión inicial cercana a los 200.000 dólares distribuidos en ocho billeteras virtuales experimentó una fuerte revalorización en el mercado digital hasta alcanzar la suma de 591.544 dólares al momento de su conversión a moneda dura para las operaciones inmobiliarias.
Tras realizar la trazabilidad de las direcciones cripto y revisar el historial de ingresos desde la mayoría de edad del investigado, el equipo que conduce la causa concluyó que no existen elementos suficientes para refutar la versión aportada por Manuel Adorni. Sin embargo, la resolución final quedará en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá dictaminar si acepta el planteo de incompetencia y remite finalmente las actuaciones a la magistratura especializada en delitos fiscales y tributarios.
