El Gobierno anunció el inicio formal de un procedimiento de arbitraje bajo la Convención sobre el Derecho del Mar para frenar el polémico proyecto petrolero “Sea Lion”.
El Gobierno nacional confirmó este lunes que activará un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido amparándose en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el propósito central de frenar la exploración inconsulta de recursos naturales alrededor de las islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
A través de un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, se detalló que el mandatario Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a utilizar los mecanismos del Anexo VII de dicha normativa, advirtiendo además en su cuenta de red social que, si en un plazo de dos semanas no se detiene la explotación británica, se acudirá directamente al tribunal internacional competente para frenar el proyecto “Sea Lion” en la Cuenca Malvinas Norte.
En el texto gubernamental se recordó que diversas resoluciones de la Asamblea General de la ONU prohíben de forma expresa las decisiones unilaterales que alteren el estatus de los archipiélagos, calificando el avance hidrocarburífero como una violación al derecho internacional que ocasiona un perjuicio irreversible a la soberanía de la Argentina sobre las Malvinas.
Asimismo, la administración libertaria manifestó un rechazo categórico a la postura británica tras el reciente discurso presidencial en la ONU, ratificando que los referéndums locales y las denominaciones coloniales no poseen validez jurídica internacional para modificar la controversia territorial que involucra a las Malvinas.
Las autoridades nacionales informaron que también se desplegaron denuncias penales y gestiones diplomáticas de urgencia frente a operaciones aéreas no autorizadas detectadas entre Punta Arenas y las islas Malvinas, llevadas a cabo por aeronaves con matrícula británica.
