Tras las críticas que recibió la legisladora mendocina por solicitar sesionar de manera remota a raíz de su embarazo, Lautaro Jiménez cuestionó la postura de la dirigencia y rememoró un caso similar ocurrido en 2023.
La polémica se desató en la Cámara Alta luego de que se solicitara habilitar la modalidad remota para que Anabel Fernández Sagasti pueda debatir y emitir su voto en discusiones decisivas como la Ley de Tierras. Por este motivo, la senadora nacional por Mendoza presentó el pedido formal fundamentado en estrictas indicaciones médicas vinculadas a su embarazo, las cuales le impiden viajar hacia la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, el escenario parlamentario volvió a encender los cruces sobre las garantías de participación democrática.
Frente a este panorama, la izquierda mendocina salió rápidamente a cruzar los cuestionamientos dirigidos hacia Anabel Fernández Sagasti a través del pronunciamiento del dirigente Lautaro Jiménez. Por consiguiente, el excandidato a gobernador por el Frente de Izquierda sostuvo públicamente que la representante del oficialismo cuenta con una justificación médica incuestionable y que, por lo tanto, el cuerpo legislativo debe autorizar de inmediato su asistencia virtual para defender el voto de la provincia.
Asimismo, Jiménez remarcó que las negativas actuales contra Anabel Fernández Sagasti reflejan una postura atrasada y machista por parte de diversos sectores políticos. De hecho, el referente recordó que durante la campaña electoral de 2023 se vivió una situación de “misoginia antidemocrática” similar, cuando a Noelia Barbeito se le denegó la posibilidad de intervenir por medios electrónicos mientras realizaba un tratamiento de salud urgente en la provincia de Neuquén.
Por otra parte, los planteos de la izquierda surgieron como respuesta a los duros cuestionamientos formulados por la vicegobernadora Hebe Casado hacia Anabel Fernández Sagasti, a quien acusó de sostener una doble vara al exigir excepciones procedimentales. Sin embargo, desde el espacio trotskista recalcaron que garantizar el sufragio a distancia en debates parlamentarios clave como la Ley de Tierras no implica defender privilegios corporativos, sino proteger derechos cívicos elementales frente a contingencias de salud.
La controversia deja al descubierto las grietas normativas que persisten en los reglamentos del Congreso al momento de abordar la maternidad y los cuidados de la salud. La solicitud que encabeza Anabel Fernández Sagasti reabre una discusión sobre la modernización parlamentaria, en un contexto donde resulta imperativo evitar que las exigencias de presencialidad terminen marginando a las mujeres del ejercicio de la función pública.
