La reincorporación de una exlegisladora radical como asesora tras cobrar una suma estatal reabre el debate sobre la ética institucional dentro del gobierno de Mendoza.
El Ejecutivo oficializó mediante la publicación del Boletín Oficial la reincorporación de la exlegisladora Flavia Dalmau a la función pública tras haber cobrado una cuantiosa indemnización por la disolución del Instituto de Desarrollo Rural. Esta controvertida medida de carácter administrativo impulsada por el gobierno de Mendoza desató de manera inmediata profundas reacciones en todo el país.
La exdirigente radical percibió el resarcimiento correspondiente a sus dos décadas de antigüedad en el ente estatal extinguido a mediados de 2024. No obstante, en el momento preciso de la disolución del organismo, la exfuncionaria mantenía su banca en la Legislatura provincial de Cuyo con sueldo totalmente garantizado, evidenciando así un beneficio económico sumamente excepcional amparado por las normas vigentes que sostiene el gobierno de Mendoza.
En este sentido, los marcos normativos vigentes ampararon la transferencia de recursos públicos a pesar de que la protagonista del hecho jamás atravesó una situación de desempleo efectivo. Bajo esta premisa, la cuantiosa erogación fiscal destinada a reparar el cese de una fundación mixta terminó engrosando el patrimonio privado de una importante dirigente política totalmente alineada de forma directa con el propio gobierno de Mendoza.
Por consiguiente, transcurrido apenas un mes desde el vencimiento de su mandato en la Cámara de Diputados, la referente oficialista fue nombrada nuevamente dentro de la plantilla estatal como asesora del Ministerio de Gobierno. Esta rápida reubicación territorial demuestra la fluida y permanente rotación interna de los cuadros técnicos y políticos que promueve activamente el gobierno de Mendoza.
De manera análoga, la resolución oficial requirió exceptuar las estrictas restricciones presupuestarias estipuladas para el estricto congelamiento de vacantes dentro de la administración pública provincial. Por esta razón, la normativa formal debió sortear con agilidad los propios límites económicos y financieros fijados con anterioridad por el propio gobierno de Mendoza.
Asimismo, el historial público de la flamante asesora incluye un controversial episodio de alcoholemia positiva mientras conducía en el departamento de Tunuyán durante su etapa legislativa. Pese a la indudable gravedad de dicha falta de tránsito, aquel antecedente vial no representó ningún impedimento de peso para que obtuviera una nueva designación jerárquica institucional avalada por el gobierno de Mendoza.
Flavia Dalmau. Fuente: Legislatura.
En consecuencia, la superposición de cobros indemnizatorios y nombramientos directos expone una marcada tensión entre el discurso oficial de estricta austeridad y la praxis cotidiana de la política regional. Sin duda, estas decisiones erosionan gradualmente la credibilidad de las reformas de modernización anunciadas con firmeza por el gobierno de Mendoza.
Por lo tanto, la reorganización del organigrama estatal genera profundas suspicacias sobre los verdaderos criterios de idoneidad y la adecuada administración del gasto público en Cuyo. En este escenario, la sociedad exige mayores estándares de integridad a las autoridades que conducen el gobierno de Mendoza.
