Nota de opinón de Marcelo Torrez
Las generalizaciones siempre han sido injustas, y lo son, al momento de buscar culpables sobre un determinado fenómeno, un comportamiento tal o una actitud cualquiera que ha concluido con un daño a la evolución económica y al desarrollo de la sociedad. Por supuesto que para el caso que se analiza –y especialmente para una parte de la comunidad–, la famosa Ley 7722 de Protección del Medio Ambiente, Sustancias Tóxicas, Exploración y Explotación de minerales que por estos días ha cumplido años (17, el 20 de junio pasado desde su sanción), también conocida por otros como la Ley Antiminera, ha resultado ser a lo largo del tiempo de su reinado un freno a la voracidad y a una actividad económica que lo único que persigue en el mundo es el extractivismo por naturaleza, sin más. Ese freno ha logrado, según esta visión apocalíptica, tener controlado el perjuicio al medio ambiente y a resguardo el agua la que vendría a ser contaminada sin más por los depredadores internacionales que se relamen y sueñan con dar el zarpazo en Mendoza.
Dicho esto, hay otra mirada desde ya y es la que se inclina por aseverar que la provincia perdió, por imperio de esa norma, cuanto menos diez años de auge y viento a favor hacia su modernidad en general, el pleno empleo y salarios de calidad en todo sentido, no sólo en la minería por la presión que tal actividad hubiese ejercido sobre el resto de la economía. La sola crítica, aunque fuese superficial a una ley que surgió en medio de un ataque colosal a la corporación política y a caballo de un grupo de modas falsoprogresista, despierta tempestades de grupos fanatizados, insultos, falsedades e improperios de toda variedad que han hecho mella, desde ya, en cualquier intento de la misma política por enmendar errores, que los ha tenido y de a montones.
Pero sin dudas que ha sido la política, con todas sus generalizaciones incluidas, justas o injustas, la culpable de no haberle dado a la sociedad las garantías mínimas de que podría alumbrar desde su administración un Estado lo suficientemente confiable para ejercer los controles necesarios, fiscalizar el procedimiento de producción de las mineras avanzado hacia un sistema transparente abierto a todo el mundo.
La ley ha cumplido más de tres lustros. Pero sólo por tomar un puñado de años de los últimos de la provincia en los que ha estado vigente está claro que por esta ley –y por otros motivos y factores que han actuado en tándem para fortalecer el retraso social y económico que se padece–, Mendoza perdió en todo sentido: su actividad económica no creció, se frenó y se ha ido hundiendo lentamente; el empleo se precarizó y la creación de los puestos de trabajo se fue ralentizando; también se fue perdiendo poder adquisitivo como en todo el país; creció la pobreza, la indigencia y la miseria, y la productividad –para algunos especialistas quizás el dato más preocupante de todos por lo que supo ser Mendoza varias décadas atrás en comparación con sus vecinos–, disminuyó más que el promedio nacional. Dicho de otro modo, al otrora faro del oeste argentino no sólo le fue mal, sino que dejó de ser eficiente en lo que ha mantenido en juego a una velocidad de deterioro mucho más grave que el que ha padecido el país. Entre el 2011 y el 2023, el PBG per cápita de Mendoza se retrajo un 13 por ciento de acuerdo con los datos oficiales de la DEIE interpretados y estimados por IERAL, el instituto de análisis económicos de la Fundación Mediterránea. Y el empleo, el que a lo largo de la serie se fue moviendo con leves subas y descensos simulando el efecto que produce una ola en su recorrido, sólo creció 2 por ciento. Y por supuesto que, con un incremento de la población al ritmo del 1,4 por ciento anual, la provincia fue aumentando su cantidad de habitantes mientras su actividad económica caía, repartiendo cada vez menos de riqueza entre más demandantes. Así, como es de suponer, todo se fue degradando en sintonía con la situación del país y de su economía, claro está. Con más personas y menos para repartir, la capacidad para generar trabajo registrado se fue resintiendo. Al igual que el PBG per cápita, el empleo registrado privado de Mendoza per cápita también ha caído un 13 por ciento. Otra deducción interesante que el IERAL incluyó en el anuario reciente.
En resumen, en esta docena de años puestos bajo la lupa Mendoza se privó de la minería y el resto de las actividades que motorizan su economía se movieron en la misma penumbra de la macro nacional.
Está también claro que el gobierno de Alfredo Cornejo se ha concentrado en activar la minería tomando al Sur provincial como punto de partida, particularmente Malargüe. En la agenda de debates públicos, Cornejo ha impulsado el debate sobre la energía limpia y la sustentabilidad del ambiente. La Agenda 2030, aquella que desprecia el presidente Javier Milei, ha sido varias veces mencionada por el gobernador en línea con la dirección del mundo moderno; un mundo, hay que decir también, escandalizado por la depreciación de la calidad de vida de las personas y del hábitat de todos, la tierra, a medida que se sigue quemando cada vez más combustible de origen fósil, como el petróleo, el gas y el carbón.
Al final del cuento y de los argumentos oficiales tomados por Cornejo, aparece la necesidad que tiene el mundo de la inmediata extracción de cobre y del litio, los minerales críticos fundamentales en la creación y adopción de los nuevos métodos de generación de energía limpia y electricidad. Y si bien el gobierno sostiene que el 80 por ciento del cobre que posiblemente exista en Mendoza puede ser extraído sin necesidad de tener que modificar o violar la 7722, porque existen nuevos métodos y por la característica del mineral que se tiene en el sur y en el norte provincial, la sola mención en el mundo de la ley “protectora” ha espantado la inversión. Y más aún, el hecho de que las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos tengan que ser sometidas a la discusión política en la Legislatura para su aprobación final, oficia casi como un certificado de defunción prematuro para cualquier emprendimiento que se precie, antes de nacer siquiera.
Para salir del retraso se coincide en que el gobierno nacional tiene que modificar sustancialmente los aspectos de la macroeconomía enferma. Pero mientras se está en eso, en el IERAL de igual modo sugieren que por sí misma la provincia tiene herramientas para mitigar la debacle y escaparle a la medianía. Se necesita un shock de inversiones las que podrían dispararse luego de una reforma del Estado que no está en los planes del actual gobierno y de la convergencia de dos impuestos regresivos y altamente nocivos como Ingresos Brutos y Sellos tendiendo a la baja o a su remplazo por la vía de otros mecanismos. También se menciona la privatización de empresas en manos del Estado que hoy, al menos en Mendoza, nadie imagina que podrían desarrollarse en manos privadas como Aysam, el Casino, la Sociedad de Transporte de Mendoza y las más recientes como Emesa e Impulsa. El IERAL también ha mencionado al canal estatal Acequia el que ya se encuentra en ese camino, luego de que se incluyera en el paquete fiscal que la Legislatura acaba de convertir en ley.
La eficiencia podría conseguirse por medio una mejora en la estructura de las comunicaciones con nuevas rutas financiadas con peaje y la simplificación de trámites en general, “relacionados con los negocios, la estimulación del empleo formal y la equiparación de la presión tributaria de Ingresos Brutos con las provincias que compiten con Mendoza”, algunas de las ideas que se debatieron en aquel Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) que se conformó promediando el gobierno de Rodolfo Suarez y que con el paso del tiempo se fue esfumando, hasta hacerse invisible e irrelevante.
Fuente: El Sol
