El gobernador Alfredo Cornejo autorizó una partida de $20.8 millones para el mantenimiento y el cuidado de la residencia oficial. Se trata de parte de un aporte solicitado por Mendoza Fiduciaria S.A., la encargada de su administración.
A través del decreto N° 2.121, refrendado por los ministros de Gobierno, Natalio Mema, y de Hacienda, Víctor Fayad, se otorgó a favor del fideicomiso creado en 2018 una suma millonaria “a fin de atender gastos” durante el cuarto trimestre del presente año.
El detalle de la inversión no figura en el decreto publicado en el Boletín Oficial, pero sí en el expediente y, según se explica en los argumentos de la norma, no es presupuestariamente posible cubrir la totalidad de lo requerido “quedando el saldo a cubrir supeditado a la futura disponibilidad presupuestaria”.
Fue en 2017 que Alfredo Cornejo, quien entonces también era el gobernador de Mendoza, aceptó en donación con cargo de parte del empresario Enrique Pescarmona, de la metalúrgica estatizada IMPSA, un inmueble ubicado en calle Francia 809 de La Puntilla, Luján de Cuyo.
En ese momento el decreto rezaba que el objeto era para “ser destinado a la Residencia del Gobernador de la Provincia y lugar de realización de recepciones o audiencias de mandatarios, funcionarios o visitantes de otras provincias o países”.
Dicho inmueble posee una superficie total de 4.344,29 m2 y 722 m2 cubiertos construidos, correspondientes a casa habitación; y consta de otros 110 m2 cubiertos, correspondientes a una casa/habitación de caseros.
A los fines de administrar esa residencia, a mediados del 2018 se generó un patrimonio de afectación mediante la figura de un fideicomiso, cuyos objetivos principales serían la guarda, custodia, conservación y eventuales refacciones del inmueble. Y se puso a cargo del mismo a Mendoza Fiduciaria S.A.
En 2022, ya con Rodolfo Suarez en la administración de la Provincia, se firmó una primera adenda al contrato de fideicomiso, ampliando su objeto.
En ella se detalla que la guarda y el mantenimiento del inmueble abarca también el pago de impuestos y servicios como internet, teléfono o televisión; el cuidado y reparación de los muebles y el personal necesario para ello; los gastos de mantenimiento de stock de la cava, bazar, mantelería, blanco, catering de eventos y seguros necesarios. Todo ello, porque uno de los fines de la residencia es la celebración de reuniones oficiales y recepción de invitados especiales de carácter protocolar.
Se explica en los argumentos de aquella adenda la necesidad del fideicomiso y de los aportes de dinero al mismo, dado que los gastos que demanda el cuidado o el mantenimiento de la residencia, con todo lo que se detalla, suelen ser necesarios con una inmediatez que no admite los extensos pasos legales dispuestos para cualquier otra compra del Estado.
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