Por Verónica Benitez – Psicóloga social
Caminar hoy por las principales arterias comerciales de Mendoza es asistir a un paisaje doloroso y repetitivo: locales vacíos, carteles de alquiler que se acumulan y persianas bajas. Detrás de cada candado que se cierra no solo hay un negocio que claudica; hay familias que se quedan sin sustento, un Estado que pierde recaudación y una comunidad que ve cómo se desgarra su tejido productivo local.
La crisis macroeconómica nacional golpea con fuerza el consumo minorista y las MiPyMEs mendocinas. El desplome de las ventas, combinado con costos fijos asfixiantes, ha generado una tormenta perfecta de la que los comerciantes no pueden salir solos. Los datos son alarmantes y exigen dejar de mirar para otro lado: según registros de diversas asociaciones del sector, solo en lo que va de 2026 ya cerraron sus puertas 1.100 emprendimientos y pymes en nuestra provincia.
El impacto humano y laboral es directo. De acuerdo con el Centro de Empleados de Comercio, rubros clave como la indumentaria, electrodomésticos, regalerías, bazar y la gastronomía, junto a sectores críticos como los almacenes de barrio, minimercados y la agroindustria, están en caída libre. En lo que va del año, este termómetro socioeconómico ya registra el cierre de 150 comercios y la pérdida de 580 empleos formales en la provincia.
Ante una coyuntura de carácter tan extraordinario, el Estado provincial no puede permanecer como un espectador pasivo. Un cierre comercial en este contexto es una condena de muerte para el sector privado: destruye el valor del fondo de comercio, las inversiones edilicias hechas por el inquilino y la clientela construida con años de esfuerzo. Cuando las variables nacionales (como la inflación o las tasas de interés) escapan al control regional, la provincia debe activar de inmediato las herramientas que sí tiene a mano para aliviar la carga impositiva y financiera local.
El alarmante ritmo de cierres y la pérdida sostenida de puestos de trabajo formales en la provincia nos colocan ante un escenario crítico que exige madurez y celeridad legislativa. El sector comercial y productivo local está asfixiado, y es allí donde el Estado mendocino debe intervenir con las herramientas fiscales y financieras que tiene a su alcance. Dar una respuesta urgente.
