Con la inclusión de menores de 14 y 15 años desde el próximo 5 de septiembre, las autoridades provinciales estiman un incremento en las intervenciones, aunque aclaran que el encierro será la última alternativa.
A pocos días de que empiece a regir la nueva normativa en la provincia, el director del área, Daniel Patiño, estimó que el flamante Régimen Penal Juvenil provocará un aumento progresivo del 30% en el caudal de menores que ingresan a los dispositivos estatales. De hecho, el funcionario remarcó que esta proyección responde a la incorporación de chicos de 14 y 15 años, aunque aclaró de inmediato que este salto estadístico no se traducirá automáticamente en más personas tras las rejas, sino en un mayor volumen de expedientes bajo seguimiento oficial.
En este sentido, el andamiaje legal busca graduar las respuestas del Estado según el impacto de cada hecho, de modo que el Régimen Penal Juvenil priorice sanciones socioeducativas y medidas en libertad para las faltas leves e intermedias. Por consiguiente, la privación de la libertad quedará reservada de manera estricta para los delitos más graves, dejando atrás esquemas tutelares obsoletos para considerar al adolescente como un sujeto pleno de derechos y con responsabilidades claras ante la ley.
La reinserción social constituye la columna vertebral del proyecto, por lo que este renovado Régimen Penal Juvenil pondrá el acento en talleres laborales, formación escolar y el fortalecimiento de los equipos técnicos que acompañarán todo el proceso. De cara al debut del 5 de septiembre, la provincia afina los detalles operativos y la capacitación del personal para poner a prueba un cambio estructural en el abordaje del delito juvenil.
