Mandatarios de todo el país, agrupados en la Federación Argentina de Municipios advierten sobre una inminente catástrofe social.
La Federación Argentina de Municipios (FAM), que representa a más de 500 intendentes de todo el país, lanzó un contundente mensaje al presidente Javier Milei, exigiendo un cambio de rumbo en su gestión económica.
Según los mandatarios, las medidas implementadas por el Gobierno nacional están profundizando la pobreza, la indigencia y la crisis social en Argentina. Exigen a Milei cambios en su política económica.
“Todas las jurisdicciones provinciales y municipales siguen siendo desoídas en forma cotidiana. Se sigue generando sin pausas, mes tras mes, un terrible impacto nunca antes visto ni sufrido en la vida de cada ciudadana y ciudadano argentino en tan poco tiempo. Se avecina una catástrofe económica y social”, advirtieron los intendentes.
Uno de los puntos más críticos señalados por la FAM es la falta de alimentos en los comedores comunitarios y centros de asistencia. Los intendentes denuncian que el gobierno ha frenado la entrega de alimentos, dejando la carga en las provincias y municipios que, con recursos limitados, intentan paliar esta situación.
“En ocho meses, la demanda de alimentos para asistir a las familias que lo necesitan ha aumentado en más de un 50%. El Gobierno nacional debe cumplir con su obligación de proveer de alimentos a nuestros vecinos y vecinas, y sus familias, nadie debe irse a la cama con el estómago vacío”, indicaron.
El aumento desmedido de los costos en salud, especialmente en medicamentos y servicios de medicina prepaga, ha llevado a millones de personas a depender del sistema público, que también sufre recortes.
La educación no es la excepción, con un sistema público que ha sido golpeado por la migración interna de familias que buscan mejores oportunidades tras la crisis económica.
Otro de los reclamos centrales es la falta de transferencias de fondos a las provincias y municipios, lo que ha paralizado la obra pública en muchas regiones. Los intendentes sostienen que esta retención de recursos genera un superávit ficticio en el gobierno central, a costa de un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos.
Con información de Grupo La Provincia
