El conjunto de la administración pública misionera pide por una recomposición del 100%. Hubo incidentes con docentes en la puerta de la Legislatura y efectivos policiales cortaron la circulación de una de las avenidas principales de Posadas. El Ministerio de Seguridad llamó a un comité de crisis para evaluar una posible intervención de fuerzas nacionales. El desgaste del gobernador y el peso todavía vigente del ex mandatario.
Con asambleas permanentes y cortes de rutas en distintos puntos de la provincia, hace semanas que los docentes reclaman por una mejora salarial del 100% que les permita recomponer mínimamente sus ingresos y salir de la situación de indigencia a la que fueron empujados en los últimos meses por el ajuste llevado adelante por Javier Milei. Un pedido desesperado que no obtiene respuesta oficial y que llevó a varios de ellos incluso a hacer huelga de hambre. Además de en la Legislatura, las manifestaciones también se replican en la Plaza 9 de Julio, donde todos los días tienen lugar marchas para solicitar alguna respuesta por parte de las autoridades.
“Somos los peores pagos en el país”, se lamenta María, una docente posadeña con más de diez años de antigüedad, que pide abiertamente por la presencia del actual gobernador Hugo Passalacqua. En diálogo con elDiarioAR, comenta que un docente misionero recién iniciado gana alrededor de $240.000 y uno de máxima antigüedad “apenas llega a los $394.000”.
Pero los trabajadores de la educación no son los únicos que se encuentran movilizados por las calles de Posadas. En las últimas horas, también se sumaron los profesionales de la Salud y un actor que demuestra que la situación se vuelve cada vez más delicada para el gobierno provincial: la Policía de Misiones. En la madrugada del viernes, un grupo de efectivos iniciaron una protesta frente al edificio del Comando Radioeléctrico, ubicado sobre la Avenida Uruguay de la capital provincial. Quemaron cubiertas e interrumpieron el tránsito, una medida de fuerza a la que luego se sumaron efectivos retirados que, desde el lunes y hasta ayer, acamparon frente a la Jefatura de Policía sin obtener respuestas. A partir de una denuncia del propio gobierno provincial, la Justicia ordenó esta mañana que se desaloje el edificio policial por supuesto delito de sedición y pidió colaboración a Gendarmería para llevar adelante la tarea. El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich se hizo eco del pedido del ministro de gobierno local, Marcelo Pérez, y anunció la convocatoria a un comité de crisis que a última hora del viernes le otorga al gobierno provincial la facultad para reprimir el reclamo. Poco importó que los voceros policiales se habían encargado de mostrarle.
Fuente Diarioar
