Tras una publicación periodística, la Casa Rosada difundió un comunicado para desmentir supuestos planes de vigilancia. El texto asegura que hay una “decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”.
El Gobierno nacional negó este domingo que planee utilizar los servicios de inteligencia para perseguir a periodistas, economistas críticos o dirigentes opositores. La respuesta oficial llegó después de que un diario publicara una nota sobre el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), donde se señalaba que la SIDE tendría como foco a personas que “erosionen la confianza” en los funcionarios o influyan en la opinión pública.
Varias publicaciones se hicieron eco de la original, publicada por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, y horas después llegó la aclaración a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, en el que se desmintieron “versiones periodísticas sobre los supuestos objetivos del Plan de Inteligencia Nacional”, y se aseguró que se trata de un “documento secreto”.
En ese mismo texto se afirmó: “Este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”.
Según la publicación de La Nación, el Plan de Inteligencia Nacional elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado, que hoy dirige Sergio Neiffert, incluye entre sus prioridades a actores que generen “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Gobierno, o que interfieran en los llamados “procesos cognitivos” de la ciudadanía, como la formación de opinión pública.
El documento, que tendría 170 páginas, fue verificado por el medio con dos fuentes independientes. Allí también se mencionan fenómenos como la manipulación a través de redes sociales, el uso de inteligencia artificial y la desinformación electoral como temas de interés.
El comunicado de la Casa Rosada insiste en que el nuevo plan “establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de la Argentina” y que al contenido solo acceden el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral del Congreso que fiscaliza estos organismos.
Fuente: El Post
