El diputado Lucas Ilardo presentó un proyecto de ley para terminar con el anonimato delictivo en el transporte privado. La iniciativa exige que las empresas validen la identidad de los usuarios, buscando proteger la integridad de los conductores.
El diputado Lucas Ilardo (Fuerza Patria) presentó un proyecto de ley que busca subsanar el vacío legal y tecnológico que pone en riesgo la vida de miles de conductores en la provincia. La propuesta surge como una respuesta urgente ante el incremento de asaltos sufridos por trabajadores que utilizan aplicaciones como Uber, donde la falta de controles sobre la identidad de los pasajeros ha transformado la actividad en una tarea de altísimo riesgo.
Según el legislador, es imperativo que el Estado intervenga para que el transporte deje de ser una zona liberada al anonimato delictivo.
El factor común en la mayoría de los delitos es el uso de perfiles falsos o cuentas de fantasía creadas en segundos con nombres ficticios y chips prepagos, especialmente para viajes que se abonan en efectivo.
El proyecto critica la laxitud comercial de las empresas multinacionales, como Uber, que imponen exigencias estrictas de biometría a sus choferes pero no aplican el mismo rigor con los usuarios, priorizando el volumen de transacciones por sobre la seguridad física de los trabajadores.
El objetivo es que las Empresas de Redes de Transporte incorporen de forma obligatoria y sistémica la verificación de Identidad Digital del nivel máximo de validación emitido por el Gobierno.
Al solicitar un viaje por aplicación, el sistema deberá confirmar el estado de validación del pasajero, aunque queda expresamente prohibido que la plataforma privada capture o almacene datos biométricos, garantizando así la protección de datos personales.
Un punto fundamental del articulado es el derecho de aceptación de viaje por parte del conductor. En caso de que un pasajero decida no realizar el procedimiento de validación, la empresa tendrá la obligación de informar de manera clara esta circunstancia al trabajador antes de que este acepte el servicio. Si el chofer de aplicación decide rechazar la solicitud por motivos de seguridad ante la falta de identidad comprobada, la ley prohíbe taxativamente que la plataforma aplique sanciones, penalidades o disminuya la asignación de futuros viajes al conductor.
Esta iniciativa no busca restringir el acceso al servicio, sino asegurar que el derecho a la vida y a condiciones seguras de trabajo sea una realidad para quienes manejan un Uber y otras plataformas en las calles mendocinas.
