El oficialismo busca aprobar la iniciativa que modifica el esquema vigente y restringe el beneficio automático para Mendoza, a cambio de una compensación eléctrica estival para los distritos de zonas cálidas.
l debate legislativo en torno a la reestructuración del régimen de Zona Fría ingresa en una fase decisiva en el Congreso de la Nación. Con media sanción de la Cámara de Diputados, la propuesta impulsada por la administración de Javier Milei apunta a reducir el gasto fiscal asociado a las tarifas de gas natural y proyecta tratarse en el recinto del Senado durante septiembre, una vez garantizados los dictámenes de comisión correspondientes.
Para destrabar el tratamiento de la norma, el Poder Ejecutivo selló un entendimiento con los mandatarios del Norte Grande mediante el compromiso de elevar los bloques de consumo eléctrico subsidiado durante los meses de verano. Por medio de este esquema acordado entre ministros nacionales y las autoridades provinciales, la gestión liderada por Javier Milei procura compensar la quita de los beneficios automáticos del gas sin generar rispideces adicionales con las jurisdicciones más calurosas del país.
En contrapartida, la reconfiguración del sistema implicaría que la mayor parte de los usuarios de Mendoza deje de percibir la rebaja directa de hasta el 50% implementada en 2021, volviendo al mapa original de 2002 en el que solo participaba el departamento de Malargüe. A partir de este cambio normativo promovido bajo el mandato de Javier Milei, la asistencia estatal dejará de otorgarse por localización geográfica y pasará a regirse por criterios socioeconómicos a través del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.
Desde la perspectiva presupuestaria, el régimen actual exhibe un déficit cercano a los $485.000 millones, solventado en parte por cargos específicos en las facturas y por aportes del Tesoro. No obstante, mientras el equipo económico de Javier Milei calcula un ahorro cercano a los $272.000 millones con la reducción de la cobertura en gas, la contraparte del nuevo beneficio eléctrico para las provincias del norte demandará erogaciones anuales estimadas en más de 70 millones de dólares.
En el plano estrictamente político, los tres senadores nacionales por Mendoza, tanto los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri como la peronista Anabel Fernández Sagasti, anticiparon su postura contraria a la modificación territorial del esquema. Frente a este escenario, los operadores parlamentarios afines a Javier Milei continúan con las negociaciones numéricas en la Cámara Alta para consolidar la mayoría necesaria y evitar que el proyecto sufra modificaciones que obliguen a una segunda revisión en Diputados.
