La aprobación de la consulta indígena establece un nuevo estándar técnico y político en el diseño de los proyectos productivos que buscan licencias sociales sostenibles.
En la sede del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, la Dirección de Minería formalizó la versión definitiva del Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada mediante una resolución regulatoria orientada a dirimir el histórico conflicto por el uso del suelo.
Bajo esta premisa, el Poder Ejecutivo provincial busca cerrar un frente de tormenta administrativo que amenazaba con paralizar expedientes estratégicos en el sur mendocino. En este sentido, la actividad de la minería halla en esta norma un marco formal que procura otorgar previsibilidad jurídica tanto a los inversores internacionales como a las poblaciones nativas con personería reconocida.
No obstante, el trayecto institucional no estuvo exento de fricciones de calado político. El detonante de este proceso fue un recurso administrativo interpuesto por la Organización Identidad Territorial Malalweche contra el texto inicial de 2025, lo cual forzó una apertura del debate técnico. De manera análoga a lo acontecido en otras jurisdicciones cordilleranas, el debate sobre el impacto territorial de la minería exigió la intervención activa del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de la Fiscalía de Estado.
Por consiguiente, la nueva normativa incorpora el principio de flexibilidad procedimental para adaptar las exigencias estatales a las especificidades culturales y territoriales de cada comunidad. A través de este mecanismo, el Estado provincial procura atenuar las asimetrías informativas mediante la incorporación obligatoria de facilitadores e intérpretes interculturales. De esta forma, la tramitación de expedientes vinculados a la minería se someterá a plazos extendidos y a mecanismos de deliberación interna rigurosos.
En este marco, las autoridades de la cartera ambiental fundamentan el ajuste reglamentario en las directrices fijadas por el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. La fiscalización estatal sobre la industria extractiva y los desarrollos de la minería no solo dependerá ahora del cumplimiento de los estudios de impacto ambiental tradicionales, sino también del apego estricto a las minutas suscritas en las mesas de diálogo itinerantes.
Minería. Fuente: Mendoza Gobierno.
En última instancia, el éxito de este dispositivo dependerá de la capacidad real del gobierno mendocino para conciliar la atracción de capitales con el respeto estricto a los derechos originarios. El escenario que se abre en los distritos cordilleranos pondrá a prueba la solidez del texto normativo, determinando si la minería provincial logra consolidar un modelo productivo capaz de superar los vetos sociales del pasado.
