La senadora nacional celebró la iniciativa de la ministra de Seguridad y Justicia, aunque remarcó que el Senado ya aprobó una propuesta de su autoría que espera sanción definitiva en Diputados, en medio del fuerte reclamo social por vacíos legales.
La reactivación del debate por las sanciones a los delitos de tránsito volvió a instalarse con fuerza en la agenda política y social de Mendoza tras la profunda conmoción que generó la impunidad en el caso de Alan Villouta. En este contexto, luego de que la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, anunciara una reforma para modificar los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti salió a marcar postura públicamente.
A través de sus redes sociales, la legisladora opositora celebró la medida provincial, aunque aprovechó la oportunidad para recordar que en el Congreso de la Nación ya existe un antecedente con media sanción del Senado listo para ser tratado en la Cámara de Diputados.
La dirigente remarcó la urgencia de construir consensos entre ambos espacios para avanzar sin dilaciones en la Cámara Baja y dar respuesta a las víctimas, recordando el trágico episodio que terminó con la vida del joven Alan Villouta en 2017. Asimismo, Fernández Sagasti fue tajante al señalar las fallas procesales que hoy benefician a los infractores: advirtió que el sistema judicial brinda un mensaje perverso cuando un conductor atropella, escapa para evadir el control de alcoholemia, deja pasar las horas críticas y termina eludiendo un castigo efectivo.
En paralelo, el proyecto presentado por el Ejecutivo provincial, que será canalizado mediante la diputada nacional Pamela Verasay, busca crear un delito autónomo para quienes manejen con altos índices de alcohol en sangre, además de elevar las escalas penales, extender los períodos de inhabilitación para conducir y revisar a fondo las reglas de prescripción. Ambos sectores coinciden en la necesidad de cerrar las brechas punitivas ante conductas temerarias y evitar que se repitan desenlaces judiciales tan cuestionados como el ocurrido con Alan Villouta, cuyo desenlace procesal expuso la urgencia de una reforma penal de fondo.
