El diputado por Fuerza Patria, Lucas Ilardo, presentó un proyecto legislativo inspirado en el caso de Alan Villouta, busca evitar que las demoras burocráticas y la inacción judicial deriven en la extinción de las causas.
La iniciativa legislativa, ingresada formalmente en la Cámara de Diputados de Mendoza bajo la denominación de “Ley Alan Villouta“, establece un marco institucional de control para impedir que el paso del tiempo opere a favor de la impunidad. La propuesta busca que la desorganización estatal, las demoras burocráticas o la falta de seguimiento dejen de beneficiar a los imputados con la prescripción penal. “La demora judicial no puede transformarse en una forma indirecta de impunidad; ni una víctima ni su familia deberían descubrir, como ocurrió en el caso de Alan, que el reloj seguía corriendo sin que el sistema encendiera una alarma”, remarcó Ilardo.
En el plano operativo, el proyecto impulsado en memoria de Alan Villouta incorpora los artículos 159 bis, ter y quater al Código Procesal Penal para crear el Sistema de Alerta de Prescripción. A través de esta herramienta informática, el sistema judicial calculará de forma permanente los plazos de vigencia de las acciones penales y emitirá notificaciones automáticas y simultáneas a jueces, fiscales, querellas y defensas cuando resten doce, seis, tres meses o treinta días para el vencimiento de los expedientes.
El articulado fija una tramitación escalonada para evitar la prescripción de causas como la de Alan Villouta: los expedientes adoptarán carácter preferente a los seis meses, urgente a los tres meses y emitirán un aviso crítico a las máximas autoridades judiciales a los treinta días de su límite. Asimismo, la norma contempla una regla especial para procesos que ya cuenten con condena no firme, determinando su tratamiento con máxima urgencia y preferencia durante sus últimos doce meses de vigencia procesal.
Con el objetivo de evitar la inacción estatal que marcó el proceso judicial de Alan Villouta, la ley impone a los fiscales un plazo perentorio de cinco días hábiles tras recibir una alerta para revisar la causa y formular los pedidos de pronto despacho o denuncias por retardada justicia que correspondan. El incumplimiento injustificado acarreará sanciones disciplinarias bajo la Ley 8008, garantizando además el derecho de información inmediata a las víctimas frente a cualquier riesgo de extinción de la acción.
Para que la desidia judicial del caso Alan Villouta siente un precedente de transparencia definitiva, la iniciativa exige un registro inalterable de demoras y la obligación de que la Suprema Corte y el Ministerio Público Fiscal envíen anualmente un informe estadístico a la Legislatura con el detalle de las causas extinguidas. El proyecto establece un plazo perentorio de noventa días para la implementación informática obligatoria en todo el territorio provincial.
