La oposición advirtió sobre la creación de cargos jerárquicos y el vaciamiento del organismo fiscalizador, alertando por la circulación de casi 800 mil armas irregulares en el país.
El flamante decreto 770/26 firmado por el Poder Ejecutivo generó un inmediato rechazo en el ámbito legislativo por las modificaciones que introduce en el Registro Nacional de Armas (RENAR). Al respecto, la senadora Anabel Fernández Sagasti cuestionó con dureza la decisión oficial y sostuvo: “El nuevo decreto del Gobierno 770/26 crea cargos con sueldo de Secretario de Estado para la cúpula del RENAR (organismo de control de armas) y ratifica la eliminación del fondo de prevención de la violencia armada”.
En ese mismo sentido, la dirigente mendocina alertó sobre el impacto directo que los recortes de personal tienen sobre la capacidad de fiscalización en la vía pública. De hecho, Anabel Fernández Sagasti detalló las consecuencias del ajuste en el sector y enfatizó: “Todo esto después de despedir al 80% del personal y dejarlo con menos de 10 inspectores para controlar casi 800 mil armas irregulares que circulan en los barrios de TODO EL PAÍS”.
Asimismo, el reclamo apuntó a la contradicción que supone agilizar el mercado del armamento mientras se reduce al mínimo el aparato estatal encargado de monitorearlo. Sobre este punto, Anabel Fernández Sagasti remarcó los avisos previos que habían realizado desde su espacio: “Lo advertimos: mientras desregulan y facilitan la importación y la tenencia de armas, vacían por completo el organismo que tiene que controlar quién las compra y dónde están”.
Por último, el debate se centró en los riesgos para la seguridad comunitaria en un escenario atravesado por el avance del crimen organizado y la conflictividad social. Para concluir, Anabel Fernández Sagasti lanzó una contundente advertencia sobre el desenlace de estas medidas: “En un contexto de amenazas de tiroteos en la escuelas, barrios controlados por el narco y en una creciente violencia social, es una bomba de tiempo”.
