Mendoza atraviesa un escenario crítico y ante esta emergencia, legisladores y referentes de distintas instituciones debatieron en el ámbito parlamentario sobre la urgente necesidad de priorizar la salud mental.
El diputado provincial por Fuerza Patria Mendoza, Lucas Ilardo, advirtió sobre la dimensión del problema al señalar que en la provincia “solamente entre enero y julio de este año, hubo 523 intentos de suicidio”, superando los 440 registrados durante el ciclo anterior.
El legislador remarcó que el sector etario más castigado comprende a los jóvenes de entre 15 y 19 años, lo que refleja que “a veces parece que están bien y no lo están”. Asimismo, alertó que la problemática también golpea a las fuerzas de seguridad, con el trágico saldo de ocho policías fallecidos bajo esta modalidad en pocos meses, transformando la atención de la salud mental en una prioridad inaplazable.
Desde el ámbito profesional, la presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia, Lic. María Gabriela Dik (matrícula 1971), expuso la compleja situación que atraviesa la obra social estatal más grande de la región y declaró que “hay alrededor de más de 150 prestadores de OSEP que no están cobrando en tiempo y forma”. La especialista agregó que para los afiliados resulta “imposible acceder ni hablar de conseguir un psiquiatra por OSEP”, debido a los bajos aranceles y a la falta de incentivos que agravan la crisis de la salud mental en el territorio.
En la misma sintonía, el presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Mendoza (CPTS), Rubén Cipolla (matrícula 1784), detalló las deliberaciones mantenidas en la Comisión de Diputados y afirmó que “creemos que las condiciones desiguales que tenemos como trabajadores en los equipos interdisciplinarios hacen que el detrimento se vea y se note en la repercusión de nuestra labor”. El representante gremial enfatizó que los salarios deficitarios profundizan el deterioro en la asistencia destinada a la salud mental.
Las consecuencias de este panorama repercuten de manera directa en la accesibilidad ciudadana, ya que los consultorios funcionan al límite de su capacidad operativa en toda la región. Mientras las autoridades reportan hospitales desbordados y escasez de especialistas, los sectores colegiados exigen al Estado una inversión acorde a la gravedad del cuadro epidemiológico para garantizar una efectiva política de salud mental.
