El legislador provincial Lucas Ilardo exige explicaciones a la Dirección General de Escuelas sobre la alarmante cantidad de suspensiones arbitrarias aplicadas sin sumario previo en el nivel secundario durante los últimos dos años.
La preocupación por las inhabilitaciones aplicadas de manera arbitraria por la Dirección General de Escuelas (DGE) llegó a la Legislatura de Mendoza, donde buscan investigar la situación que padecen muchos docentes secundarios. En un mensaje dirigido a los profesionales afectados por esta falta de garantías, el diputado provincial Lucas Ilardo expresó: “Si sos docente suplente, vas a saber de qué estoy hablando. Vos podés llegar a quedarte un año sin poder tomar horas ni cargos después de una decisión administrativa que cambia completamente tu vida laboral”.
El legislador fundamentó su solicitud en el aumento de estas medidas disciplinarias desde la asunción de las nuevas autoridades de Educación Secundaria, exigiendo conocer las causas reales y la falta de debido proceso. En este sentido, detalló el núcleo de su requerimiento: “Por eso he presentado un pedido informe para saber cuántos docentes suplentes fueron dados de baja e inhabilitados entre el 2025 y el 2026. Pero quiero saber algo más importante todavía. Por qué los sancionaron? Pudieron hacer su descargo, pudieron presentar pruebas, pudieron defenderse”.
A diferencia de quienes poseen cargos titulares, los trabajadores interinos pueden ser cesanteados directamente sin la intervención de una junta de disciplina, lo que para varios docentes representa una precarización extrema y una vulneración de la normativa vigente. El diputado profundizó sobre esta injusta asimetría al señalar: “Porque una cosa es aplicar una sanción cuando corresponde y otra cosa muy distinto es aplicar una sanción discrecional. Cuando sos titular lo analizan tres personas, pero cuando sos suplente lo decide un funcionario de la política”.
Las agrupaciones de la educación afirman que la mayoría de los dictámenes se sustentan en simples suposiciones, apartándose de los canales democráticos elementales y dejando a los docentes expuestos al miedo a posibles represalias por opinar. Sobre este patrón de resoluciones mecánicas sin pruebas concluyentes, Ilardo fue categórico: “Y cuando me vienen y me dicen que hay persecución, que hay decisiones discrecionales y que inclusive hay sanciones utilizando la palabra indicios sin pruebas suficientes, me preocupa. Y por eso estoy investigando”.
Este reclamo cuenta con el antecedente de un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que frenó una inhabilitación automática contra una maestra, sentando jurisprudencia favorable para los docentes mendocinos al advertir inconstitucionalidad en el accionar de la DGE. Con la intención de resguardar los derechos de los educadores provinciales, Ilardo concluyó su declaración con una promesa de respaldo: “Así que si sos docente suplente, te voy a acompañar en este proceso”.
