La senadora nacional por Mendoza presentó un proyecto para anular la normativa del Banco Central que autoriza el Cobro con Transferencia, al advertir que afecta a los sectores más vulnerables.
La entrada en vigencia del nuevo sistema de Cobro con Transferencia impulsado por el Banco Central generó un inmediato rechazo en el Congreso, donde la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti tomó la delantera con una fuerte iniciativa de oposición. Esta herramienta permite a entidades financieras y proveedores de crédito debitar directamente las cuotas de préstamos desde cuentas bancarias o billeteras virtuales vinculadas, un esquema que encendió las alarmas en el plano legislativo.
A raíz de esta situación, Anabel Fernández Sagasti formalizó un proyecto para exigir la inmediata derogación de la Comunicación “A” 8406 de la autoridad monetaria. De acuerdo con el planteo de la legisladora, este marco regulatorio avala una extracción de fondos que condiciona de raíz la capacidad de maniobra económica de los usuarios, en un contexto signado por la caída del poder adquisitivo.
En ese sentido, Anabel Fernández Sagasti advirtió que la medida impacta de lleno sobre quienes recurren al crédito no por elección, sino como una salida desesperada frente a la crisis. La dirigente peronista argumentó que la disposición profundiza el ahogo de las familias que ya se encuentran atrapadas en una espiral de endeudamiento forzado para cubrir necesidades elementales de subsistencia.
Asimismo, Anabel Fernández Sagasti expresó su indignación a través de sus canales oficiales al remarcar que resulta inadmisible aplicar retenciones automáticas apenas ingresa dinero a las cuentas en un escenario donde la gente se endeuda para comer, comprar medicamentos o pagar tarifas. Para la senadora, la normativa prioriza el cobro de los acreedores por sobre el acceso a los bienes de primera necesidad.
Por todo esto, Anabel Fernández Sagasti ratificó que continuará impulsando el debate en la Cámara alta para frenar el mecanismo implementado por el BCRA. Con este reclamo, la representante cuyana remarcó que las urgencias alimentarias y sanitarias de la población deben estar por encima de cualquier esquema de cobro financiero.
