Por Valeria Encinas ex-coordinadora provincial del PAD
Un fallo de la Corte que impacta.
Una Declaración de Emergencia pendiente.
En Mendoza, el nombre de Florencia Romano no es solo una marca indeleble en el dolor colectivo; es el símbolo más atroz de un sistema que le falló a una adolescente de 14 años en el momento exacto en que más lo necesitaba. A más de cinco años de aquel trágico diciembre de 2020 y con la perspectiva que nos brinda este 2026, el caso vuelve a situarse en el centro del debate público tras la inclusión de su sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Compendio de Jurisprudencia sobre Femicidios. Pero más allá de los avances en materia de sentencias y resarcimientos económicos, una pregunta sigue resonando con fuerza en la provincia: ¿el Estado mendocino aprendió la lección?
La omisión como complicidad.
Hablar del femicidio de Florencia es hablar de una cadena de responsabilidades. Por un lado, la brutalidad del femicida, ya condenado a prisión perpetua. Por el otro, una fisura estatal inadmisible: una llamada de alerta al 911 realizada por un vecino comprometido que fue descartada, ignorada y cortada por la propia operadora policial.
La Justicia penal condenó a la operadora y la Justicia civil ratificó la responsabilidad económica del Estado provincial por “falta de servicio”. Sin embargo, reducir la falla estatal a un error individual o a una indemnización presupuestaria es una simplificación peligrosa. El Estado no es solo un pagador de daños; es el garante primario de la vida y la seguridad de sus ciudadanas. Cuando el sistema de emergencias desestima una alerta de violencia de género, el Estado deja de ser neutral y se convierte, por omisión, en un engranaje más de la desprotección.
La responsabilidad política y los discursos que revictimizan
La respuesta institucional de aquel entonces ante la tragedia expuso una desconexión profunda de las cúpulas de seguridad. Escuchar en su momento a las máximas autoridades policiales sugerir que estos hechos se evitan “con educación y cuidado de los padres” no solo evidenció un desconocimiento supino de la dinámica de la violencia contra las mujeres, sino una flagrante intención de trasladar la culpa a las familias.
Si bien los ministros y jefes policiales no enfrentaron condenas penales individuales, la responsabilidad política y de gestión sigue siendo insoslayable. Ninguna reestructuración de organigramas ni cambio de nombre en las dependencias alcanza si la cultura institucional de las fuerzas de seguridad sigue viciada por la apatía y la falta de perspectiva de género real.
2026: La urgencia de declarar la Emergencia Provincial en Violencia de Género.
El reconocimiento jurisprudencial en 2026 como un caso emblemático de “omisión antijurídica estatal” consolida una verdad incómoda: Florencia pudo haberse salvado.
Esta constatación obliga a ir más allá del caso individual y abordar el problema estructural. La provincia de Mendoza no puede seguir gestionando la seguridad de las mujeres mediante parches normativos o protocolos que se rompen en el primer eslabón del 911. Es imperioso y urgente declarar la Emergencia en Política Pública de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género.
Declarar la emergencia no es un mero acto formal o simbólico; implica:
- Presupuesto real y prioritario: Destinar recursos financieros tangibles a la red de contención, refugios y dispositivos de asistencia inmediata.
- Auditoría e integración del 911 y fuerzas de seguridad: Capacitaciones continuas y evaluables en perspectiva de género, sumadas a controles de calidad en tiempo real para las llamadas de emergencia, garantizando que el personal esté adaptado para detectar el riesgo crítico.
- Descentralización y articulación territorial: Fortalecer el acceso a la justicia y la atención primaria en los departamentos, evitando que la burocracia estatal sea un obstáculo para quien busca ayuda.
El caso de Florencia Romano dejó al descubierto que la violencia machista se nutre y fortalece con la negligencia burocrática. Se potencia a niveles inimaginables en escenarios de negación y vaciamiento como los que vivimos. Recordar a Florencia en 2026 no debe ser un ejercicio de memoria pasiva, sino un reclamo de justicia institucional: el Estado mendocino tiene la obligación política y moral de transformar el dolor y la inmensa negligencia en políticas públicas de prevención reales, eficaces y urgentes. Para que nunca más una llamada de auxilio sea sofocada por la indiferencia oficial.
