El Partido Verde presentó un proyecto de ley en Mendoza para crear una Unidad Provincial de Rescate Financiero, buscando asistir y mediar de forma gratuita para las familias asfixiadas económicamente.
En la Legislatura de Mendoza comenzó el análisis de una propuesta del Frente Verde mediante comisiones extraordinarias que buscan frenar el avance de las ejecuciones bancarias contra los trabajadores. La iniciativa política tiene como meta principal brindar un salvavidas legal a miles de ciudadanos que sufren a causa de sus deudas acumuladas durante los últimos meses.
El mecanismo ideado se centrará en la mediación activa dentro de la Dirección de Defensa del Consumidor para convocar a audiencias de conciliación obligatorias entre los ciudadanos y los bancos comerciales. Los impulsores del proyecto, Dugar Chappel y Emanuel Fugazzotto, explicaron que no se alterarán las leyes nacionales sino que se ofrecerá asesoramiento jurídico y contable gratuito para renegociar los compromisos financieros pendientes por deudas vigentes.
El foco principal de la normativa estará puesto sobre los empleados estatales que reciben mensualmente bonos de sueldo con retenciones masivas debido a préstamos otorgados por mutuales o embargos dictados por la Justicia local. Para estos casos particulares, las autoridades planean un esquema de emergencia administrativa previa que impida el descuento total de los haberes mensuales y permita un sustento digno a pesar de las deudas contraídas.
Los impulsores detallaron los beneficios que tendrá la implementación de este sistema provincial en toda la región cuyana, destacando en primer lugar una reducción inmediata de las causas judiciales por morosidad en los tribunales mendocinos. Asimismo, el proyecto garantiza el acceso a un asesoramiento profesional sin cargo a través de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC). Finalmente, la medida no solo funcionará como una contención económica directa para los sectores más vulnerables de la administración pública, sino que también otorgará herramientas de negociación equitativas frente a las grandes tasas de interés de las entidades financieras que reclaman por deudas impagas.
Los concejales oficialistas y opositores de comunas como Las Heras y la Capital anticiparon que replicarán declaraciones de apoyo político en sus respectivos recintos deliberativos. Los funcionarios municipales coincidieron en que el deterioro del salario real obliga a los empleados comunales a pedir créditos usurarios, generando un escenario de vulnerabilidad extrema alimentado por deudas generalizadas.
