La Cámara de Diputados de Mendoza otorgó sanción inicial al proyecto que busca modernizar la carrera administrativa, incorporando evaluaciones por desempeño, nuevos esquemas salariales y un intenso contrapunto político entre oficialistas y opositores.
La Cámara de Diputados de Mendoza dio un paso decisivo al aprobar por mayoría de votos la media sanción al nuevo régimen estatutario para el personal que se desempeña en el ámbito de la salud pública provincial. Con 31 votos a favor, 8 en contra y una abstención, la iniciativa del Poder Ejecutivo busca modernizar la gestión de los recursos humanos sin alterar las condiciones de quienes prefieran mantenerse en el esquema convencional actual.
La normativa establece una adhesión de carácter estrictamente individual y definitiva, diseñada para acompañar la evolución tecnológica y la transformación organizacional que experimentó la atención de la salud en las últimas décadas. Entre sus aspectos centrales, la ley contempla dos grandes agrupamientos funcionales: Servicios Transversales y Gestión de Recursos para tareas administrativas y logísticas, y Gestión Asistencial para quienes brindan cobertura médica directa.
Asimismo, se crean categorías inéditas como la de Digitalización e Inteligencia Sanitaria para optimizar el análisis de datos, mientras que el progreso dentro de la carrera dejará de depender únicamente de la antigüedad en el sistema de salud. El nuevo modelo introduce seis grados de promoción horizontal ligados a la capacitación continua, la evaluación objetiva del desempeño y el cumplimiento de metas colectivas previamente estipuladas.
En el plano económico, la propuesta fija el Módulo de Gestión Sanitaria como base de cálculo e incluye un componente variable asociado a la eficiencia operativa de cada centro de salud. Durante el debate, el diputado oficialista Daniel Llaver (UCR) destacó que ningún trabajador cobrará menos de su haber actual y proyectó incrementos salariales de entre el 32% y el 64% según la categoría.
Desde la bancada de La Libertad Avanza, la diputada María Inés Ramos acompañó el proyecto resaltando la importancia de que la migración del personal de salud sea una decisión libre e informada. Sin embargo, advirtió que el Estado debe garantizar el acceso transparente a toda la información correspondiente para que cada agente evalúe el impacto real en su haber antes de tomar la determinación.
Por el contrario, el diputado Lucas Ilardo (Fuerza Patria) rechazó enfáticamente la propuesta al sostener que vulnera la estabilidad laboral y atenta contra normativas nacionales e internacionales vinculadas a la salud de los trabajadores. Ilardo denunció que restar la discusión salarial del ámbito paritario es una falta de respeto institucional y remarcó que el texto genera una extorsión encubierta en un contexto económico complejo.
En esa misma línea crítica, el legislador remarcó que la norma traslada indebidamente la responsabilidad de las fallas del sistema hacia el propio personal de salud, omitiendo las obligaciones de los funcionarios políticos. Además, Ilardo alertó sobre la discrecionalidad en los ascensos de carrera, criticando que la calificación final dependa exclusivamente de la autoridad ministerial y quede restringida a un cupo máximo del 20% de los agentes.
A las objeciones se sumó Germán Gómez (PJ), quien advirtió que el proyecto contiene severas irregularidades jurídicas que derivarán en planteos de inconstitucionalidad por afectar principios fundamentales del derecho laboral en la salud. Gómez concluyó que resulta imposible transformar la calidad de la atención médica sin realizar una inversión contundente en equipamiento tecnológico y en la recomposición del recurso humano.
